En un giro significativo en el debate sobre la normativa energética y de dependencia, el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido aceptar el recurso planteado por el Gobierno central contra las modificaciones legales impulsadas por la Xunta de Galicia. Estas cambios se enmarcan dentro de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los presupuestos de 2024, que incluye regulaciones sobre energía eólica y aspectos relacionados con la dependencia.

El TC ha tomado una acción inmediata tras invocar el artículo 161.2 de la Constitución, suspendiendo la aplicación de las secciones impugnadas desde el 30 de septiembre de 2025 para las partes involucradas en el proceso, y desde la publicación de la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para terceros. Esta decisión subraya la importancia de la materia en cuestión y el impacto que tiene en las competencias estatales.

El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, basa su recurso en la consideración de que las disposiciones impugnadas podrían estar en conflicto con las competencias exclusivas del Estado para regular aspectos esenciales de la economía, incluida la autorizar instalaciones eléctricas y el transporte de energía. En particular, se manifiestan inquietudes sobre la nueva normativa eólica de Galicia, que busca introducir condiciones específicas para la repotenciación de parques eólicos.

Además, el Ejecutivo ha expresado su desconcierto sobre la legalidad de vincular los grados de dependencia y discapacidad, un enfoque que la Xunta sostiene como una medida destinada a acelerar la llegada de ayudas a los beneficiarios. Este enfoque es cuestionado por el Gobierno, que argumenta que podría invade competencias regulativas fundamentales.

Al formalizar el recurso, el Gobierno argumentó que la reforma gallega sobre repotenciación de parques eólicos es "incompatible" con la normativa estatal, ya que establece requisitos específicos que contravienen la legislación actual. En particular, se critica la obligación de reemplazar generadores eólicos por otros de mayor capacidad, sugiriendo que se regule en forma independiente de las normas básicas estatales.

El Gobierno también señaló que la interpretación de "repotenciación" es problemática, ya que podría implicar no solo un aumento de capacidad, sino también una reducción de la potencia instalada, lo que vulneraría expresamente los términos de autorización previos y las inversiones realizadas bajo la normativa vigente.

En su crítica a las secciones específicas de la ley gallega, el Gobierno destacó que algunas de ellas intentan aplicar directamente una directiva europea que permite saltarse la evaluación de impacto ambiental en ciertos casos, lo que podría llevar a una falta de regulación adecuada a nivel estatal.

En lo que respecta a la cuestión de dependencia y discapacidad, el Gobierno mantiene que la Xunta busca una simplificación que, de hecho, podría entrometerse en los derechos de los ciudadanos a nivel nacional, ya que las condiciones para estos temas son competencia exclusiva del Estado. Aseguran que esta regulación podría afectar directamente la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales.

Por su parte, el Gobierno gallego ha argumentado que, más allá de las disputas legales, estos cambios podrían influir en la recaudación fiscal estatal, dado que las deducciones relacionadas con el reconocimiento de la discapacidad tendrían un impacto directo en los ingresos del Estado.