VIGO, 25 de enero.

Una empresaria del sector de la carpintería se enfrenta a una grave acusación que podría llevarla tras las rejas durante tres años y medio. La Fiscalía la considera presunta responsable de un delito que vulnera los derechos de los trabajadores, tras haber empleado a aproximadamente quince operarios extranjeros sin darles de alta en la Seguridad Social. Estos trabajadores estaban involucrados en el montaje de stands para la feria Conxemar.

Los acontecimientos que la llevaron a juicio tuvieron lugar en 2023. En agosto, la empresa de la acusada formalizó un acuerdo con otra entidad para la instalación y desmantelamiento de stands en la mencionada feria, que estaba programada para octubre.

El 21 de septiembre de ese mismo año, mientras se llevaba a cabo el montaje, la Inspección de Trabajo realizó una intervención en el recinto ferial del Ifevi. Durante esta inspección, se detectó la presencia de 15 trabajadores, todos de nacionalidad extranjera, empleados por la empresa en cuestión.

El grupo estaba compuesto por tres guatemaltecos, siete colombianos, tres peruanos, un venezolano y un hondureño. Ninguno de ellos contaba con la autorización laboral correspondiente ni estaban registrados en la Seguridad Social.

Ante estos graves hechos, la Fiscalía ha decidido acusar a la empresaria de un delito contra los derechos de los trabajadores, solicitando una pena de tres años y seis meses de prisión, además de una multa de 3.000 euros.

Asimismo, el organismo fiscal pide que la empresa sea clausurada por un período de cinco años y que la acusada compense a la Seguridad Social con la cantidad de 1.338,60 euros, que dejó de abonar por mantener a estos trabajadores en una situación irregular.