El SAF podrá abandonar viviendas peligrosas para proteger a sus trabajadoras

Una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) podrá dejar un domicilio si detecta riesgo de agresión, incluyendo casos con animales peligrosos. Esto puede sonar a protección, pero revela una realidad dura: la seguridad de las profesionales está en juego.

El nuevo protocolo busca evitar tragedias como la de Teresa González, quien fue asesinada en O Porriño. Sin embargo, la implementación ha generado polémica, ya que algunos sectores alegan que la Xunta no está haciendo suficiente para garantizar la protección efectiva del personal. La medida permite que las empleadas se retiren del domicilio y que el usuario reciba atención alternativa, pero no todos confían en que esto sea suficiente.

¿Qué consecuencias tiene esto para las familias? La seguridad de las trabajadoras es clave, pero también lo es la estabilidad y confianza de las personas dependientes. Si las empleadas se ven obligadas a abandonar rápidamente, puede afectar la continuidad del cuidado. Además, la falta de recursos y la falta de una respuesta rápida ante incidentes puede dejar a las profesionales en una situación de vulnerabilidad.

Para los ciudadanos, esto significa que si un familiar recibe ayuda en casa y hay un riesgo, la trabajadora podrá retirarse por su seguridad. Pero también implica que en casos de peligro real, la protección puede no ser inmediata si no hay recursos adecuados. La comunidad debe estar atenta a cómo se aplican estas medidas y exigir que se cumplan de verdad.

¿Qué deberían hacer ahora las afectadas? Es fundamental que las trabajadoras conozcan sus derechos, que tengan apoyo y recursos para actuar en caso de peligro. La administración debe reforzar la formación, los protocolos y los recursos para que la protección sea efectiva y no solo un papel. La seguridad de las profesionales y la calidad del cuidado dependen de ello.

Este paso puede marcar un cambio, pero también pone a prueba la voluntad política para proteger a quienes cuidan en casa. La ciudadanía necesita que estas medidas se apliquen con firmeza y que se refuercen los recursos para que nadie quede desprotegido ante la violencia o el riesgo.