Sanidade asegura que el 99% de los abortos en Galicia se hacen en la pública

El 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo en Galicia se practicaron en la sanidad pública durante el primer semestre de 2026, según ha afirmado el conselleiro de Sanidade en el Parlamento gallego. La cifra se compara con el 96% registrado en el conjunto de 2025.

El responsable autonómico defiende que este derecho está «totalmente garantizado» en la comunidad. Según explicó, todas las áreas sanitarias cuentan con circuitos específicos para atender a las mujeres que lo soliciten, con acceso a través de los centros de orientación familiar o de los centros de salud.

El recorrido asistencial incluye evaluación clínica, pruebas hospitalarias necesarias, la intervención y el seguimiento posterior. Las interrupciones de menos de 14 semanas se realizan habitualmente en hospitales públicos, por procedimientos farmacológicos o instrumentales. Las de más de 22 semanas siguen un procedimiento específico con la intervención de los comités clínicos correspondientes.

Si el sistema público no puede atender a una paciente o ella opta por un centro concertado, el conselleiro asegura que la asistencia también está garantizada y financiada por la Xunta, para que nadie vea limitado su derecho por motivos económicos, organizativos o territoriales.

Para quien vive en Galicia, la noticia significa que el acceso a esta prestación depende de la sanidad pública en la mayoría de los casos, y que la Xunta sostiene que cubre también los supuestos en los que se recurre a la red concertada. La oposición del PSdeG, a través de Paloma Castro, reclama que el derecho se incluya expresamente en la Constitución para protegerlo ante posibles retrocesos, algo que el conselleiro no ha respaldado.

En cuanto a los próximos pasos, la Consellería trabaja en una orden para crear un registro de profesionales objetores de conciencia, que recogerá los requisitos legales y de protección de datos. Según el conselleiro, ese registro puede ser útil, pero lo determinante es comprobar que una mujer puede acceder a la atención que le corresponde.