En Santiago de Compostela, el 8 de noviembre, avanza la tramitación de la ley gallega destinada a proteger la salud de la infancia y prevenir conductas adictivas. El Parlamento de Galicia ha sido escenario de un intenso intercambio de enmiendas por parte de los grupos políticos en las últimas semanas, en un proceso impulsado por el Gobierno autónomo.

El objetivo del proyecto enviado por la Xunta es establecer a Galicia como un modelo europeo en la salvaguarda de la salud infantil y combatir las adicciones. Para lograrlo, se propone aplicar las mismas restricciones a las bebidas energéticas que a las bebidas alcohólicas, además de equiparar los dispositivos de vapeo con el tabaco en términos de regulación.

El borrador legislativo también incluye una medida significativa: se prohibirán los anuncios de alcohol y bebidas energéticas en un radio de 200 metros alrededor de centros educativos y de protección de menores.

Pese a esta iniciativa, el grupo parlamentario que apoya al Gobierno, el PPdeG, ha presentado únicamente dos enmiendas que buscan reformar la regulación de la publicidad de estos productos. En particular, proponen reducir a 100 metros la distancia mínima permitida para la promoción de estas bebidas cerca de los centros mencionados, lo que ha suscitado críticas y preocupación entre otros sectores.

El PSdeG ha respondido presentando sus propias enmiendas, sugiriendo que la distancia mínima para la publicidad de las bebidas alcohólicas y energéticas se establezca en 150 metros desde las entradas de los centros. Sin embargo, con el PPdeG ostentando la mayoría absoluta, su propuesta podría tener dificultades para prosperar.

Por otro lado, el BNG y el PSdeG se enfrentan a un reto considerable; al no contar con la mayoría en el hemiciclo gallego, deberán persuadir a los populares para apoyar sus enmiendas o negociar en la ponencia que trabaja sobre esta legislación. En total, los socialistas han registrado unas 60 enmiendas, alineadas con la crítica que su líder, José Ramón Gómez Besteiro, expuso durante los debates iniciales.

El BNG, por su parte, ha presentado 39 enmiendas centradas en matizar varios aspectos de la ley, enfocándose en fortalecer la prevención en vez de centrarse en sanciones. Su portavoz de Sanidade, Montse Prado, cuestionó la estrategia de sanciones y, en particular, planteó la necesidad de redefinir la manera de abordar el fenómeno del ‘botellón’, sugiriendo cambiar la prohibición por un marco regulatorio.

En la propuesta actual, la ley estipula la prohibición de las actividades de ‘botellón’ en espacios públicos. El BNG aboga por sustituir el término “prohibir” por “regularemos”, proponiendo un enfoque más comprensivo que atienda las dinámicas sociales alrededor de esta práctica.

A medida que las diversas enmiendas sean analizadas y negociadas, se espera que la legislación entre pronto en la fase de debate en comisión. Posteriormente, la norma, en su versión final, presentará su candidatura a la aprobación en el pleno del Parlamento, dando un paso significativo hacia la implementación de medidas de protección para las generaciones más jóvenes en Galicia.