El conflicto en Gaza dominará la agenda del próximo pleno, junto con el inicio del nuevo ciclo escolar.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 de septiembre.
La semana política en Galicia se verá marcada por el conflicto en Gaza, con los partidos de la oposición, BNG y PSdeG, presionando para que el gobierno del Partido Popular asuma una postura frente a lo que ellos consideran un "genocidio". Este tema será parte central del pleno que se llevará a cabo el martes, donde, además, se abordarán cuestiones relacionadas con los incendios forestales y el inicio del nuevo curso escolar, del que hablará el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
El BNG ha incluido en la agenda del pleno una proposición no de ley que busca que la cámara se manifieste sobre el conflicto de Gaza, tras haber fracasado anteriormente en su intento por conseguir una declaración institucional que condenara el uso de la violencia. Según el portavoz del BNG, Alberto Pazos, los populares se resisten a asumir una responsabilidad moral que, según dice, debería ser determinada por tribunales internacionales.
Por su parte, el PSdeG también ha tomado la iniciativa, solicitando un minuto de silencio al inicio de la sesión. Además, han manifestado su intención de trabajar en una declaración institucional y están en proceso de presentar su propia proposición no de ley enfocada en Gaza. Mientras tanto, el Partido Popular no ha aclarado su postura, aunque ha calificado de "repugnante" el uso de la tragedia para fomentar "conflictos artificiales".
Este no es el primer debate sobre la situación de Palestina en el Parlamento de Galicia. En 2014, se aprobó una declaración instando a la Xunta a solicitar al Gobierno español el reconocimiento de Palestina como Estado y sujeto de derecho internacional, reafirmando la creencia de que la única solución viable al conflicto radica en la coexistencia pacífica de Israel y Palestina.
Además de este punto, el pleno también tratará la solicitud del BNG para establecer una comisión de investigación sobre los incendios que asolaron Galicia el verano pasado. Los socialistas han mostrado disposición a apoyar esta iniciativa, pero proponen crear una comisión de seguimiento basada en los resultados de la que se formó tras los incendios de 2017, lo cual también llevará a votación.
El clima de colaboración parece difícil, ya que tanto Ana Pontón, del BNG, como José Ramón Gómez Besteiro, del PSdeG, han exigido la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por su "incompetencia" en la gestión de la crisis de los incendios. Alberto Pazos insinuó que la oposición busca crear un espectáculo que simule un juicio posterior a la "sentencia" de la crisis.
Rueda deberá rendir cuentas en el pleno de la próxima semana sobre las prioridades políticas de su gobierno y las medidas concretas que implementará para mejorar el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF). Si el líder del PSdeG le preguntará al respecto, Pontón, con el reciente asesinato de una trabajadora del SAF en la mente colectiva, exigirá claridad sobre las acciones que tomará su gobierno para prevenir más tragedias.
En cuanto a los servicios públicos, BNG aprovechará la comparecencia de Román Rodríguez para hablar del inicio del curso escolar y de las quejas sobre la falta de recursos y derechos del profesorado. También abordarán el colapso actual en los centros de salud y la escasez de médicos en sus interpelaciones sobre la sanidad.
Los socialistas, por su parte, presentarán preguntas relacionadas con educación, incluyendo la rehabilitación del CEIP Torre da Illa, y sobre los derechos de los cooperativistas en el barrio de Xuxán en A Coruña. También quieren centrar la atención en la protección de menores no acompañados, reclamando a la Xunta "responsabilidad y recursos" para su integración y protección. El Partido Popular, sin embargo, llevará su propio enfoque sobre el tema, exigiendo al gobierno central una política de cooperación más efectiva en la gestión de estos menores.
A su vez, el PPdeG ha solicitado un plan estratégico para los aeropuertos gallegos, tras el anuncio de Ryanair de reducir sus operaciones en la región, exigiendo así una garantía operativa y viabilidad económica.
Además, el pleno incluirá un debate sobre la propuesta de modificación de la ley del deporte actual, que data de 2012. Esta enmienda busca modernizar la norma para satisfacer las necesidades de la sociedad contemporánea, permitiendo incluso que la administración gallega actúe como acusación popular en casos de violencia en el ámbito deportivo.
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