SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 de junio.

Después de más de una década de sufrimiento y reivindicaciones, las víctimas del trágico accidente del tren Alvia en Angrois, que dejó 80 muertos en julio de 2013, han tomado una decisión significativa. Este 24 de julio, no se manifestarán en las calles de Santiago, ni llevarán a cabo su habitual homenaje junto a las vías en la infame curva de A Grandeira, todo esto tras la reciente sentencia que culpabilizó a un ex alto funcionario de Adif y al maquinista por su papel en la tragedia.

El camino hasta este fallo judicial ha sido tortuoso, con investigaciones interrumpidas y reiniciadas, hasta que finalmente, en octubre de 2022, comenzó el juicio que examinaría las responsabilidades penales de la tragedia. No fue sino hasta el año pasado, 11 años después del descarrilamiento, que se dictó sentencia contra el ex director de seguridad de Adif y el maquinista, encontrándolos culpables de múltiples delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.

Sin embargo, la espera no termina aquí. Actualmente, el tribunal de la Audiencia Provincial de A Coruña cuenta con un mar de recursos interpuestos por distintos grupos involucrados en el caso. Todos esperan que la resolución sobre estos recursos tarde en llegar, con algunos pronosticando que la decisión final podría no hacerse efectiva hasta 2026.

La reciente asamblea de la plataforma de víctimas, celebrada el 23 de julio, fue un reflejo del agotamiento y del deseo de cerrar este capítulo doloroso. La participación fue menor que en años anteriores, evidenciando que muchos afectados viven en otras localidades y la carga emocional de recordar cada año la fatídica fecha es, para muchos, abrumadora.

En este contexto, el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, ha anunciado que el 23 de julio se llevará a cabo un encuentro privado para recordar a los que han partido, mientras que el 24 habrá un evento público en la estación de tren de Santiago, donde se leerá un comunicado y se ofrecerán declaraciones. Este cambio de plan refleja un cambio de enfoque en su lucha por la justicia.

A pesar de la reciente sentencia, las víctimas continúan sintiéndose insatisfechas. Ahora se dirigen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde buscan que el Estado español realice una investigación independiente del siniestro. Este es un paso crucial, ya que la versión oficial de la investigación, llevada a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), ha sido cuestionada por los afectados, quienes argumentan que sólo se culpó al maquinista por el exceso de velocidad.

Aunque la CIAF ha emitido recomendaciones para mejorar la seguridad en la red ferroviaria, la plataforma de víctimas insiste en la necesidad de una nueva investigación que no esté influenciada por los intereses del gobierno. Desde 2021 han estado en litigio para que se lleve a cabo esta investigación, resaltando la importancia de escuchar a las víctimas y atender las deficiencias señaladas por la Comisión Europea.

Tras agotar los recursos a nivel nacional, la plataforma reclamó la intervención del Tribunal Europeo. Este tribunal ha reconocido la gravedad del caso, aunque las probabilidades de éxito son bajas, dado que admite menos del 5% de las demandas que se presentan. La lucha por la verdad y la justicia sigue viva entre las familias de las víctimas, que persisten en su búsqueda de un proceso equitativo que respete sus derechos y memoria.