La Audiencia Provincial de A Coruña ha emitido una dura condena de 11 años de prisión para un padre que abusó sexualmente de su hija durante su infancia. La resolución del tribunal señala que los abusos ocurrieron de manera continuada desde mediados de 2015, cuando la menor tenía menos de 10 años, hasta principios de 2019.

Los magistrados han determinado que el hombre aprovechó la relación de confianza con su hija y su situación familiar, dado que su esposa trabajaba a tiempo completo, dejándolo a él como principal responsable del cuidado de la menor. Los abusos fueron perpetrados en un entorno donde la victimización quedaba en la oscuridad, ya que se producían en momentos de soledad o en momentos en que no había testigos presentes, especialmente después de que los padres se separaron.

Además de la condena a prisión, el tribunal ha dictado medidas adicionales contra el condenado: perderá la patria potestad durante un periodo de seis años y no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante 21 años. Asimismo, se le ha inhabilitado para realizar cualquier actividad profesional que implique contacto directo con menores por un periodo de 16 años.

El fallo judicial indica que los abusos cesaron en mayo de 2019, tras la denuncia hecha por otra hija del acusado, quien también fue víctima de abusos en el pasado. Esta situación ya había sido objeto de un proceso judicial que culminó en una condena firme por parte del tribunal, lo que refuerza la gravedad de los hechos y el patrón de comportamiento del acusado.

Los jueces han manifestado su plena confianza en el testimonio de la víctima, describiéndolo como claro y veraz, sin ningún indicio de motivación oculta. En su decisión, el tribunal destaca la existencia de pruebas corroborativas, incluyendo un informe pericial del Instituto de Medicina Legal de Galicia que respalda las afirmaciones de la menor.

A pesar de la contundencia de la sentencia, cabe destacar que todavía se puede interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, lo que significa que el proceso judicial podría no haber concluido. La lucha por la justicia en estos casos sigue vigente, reflejando la necesidad de un contexto social que proteja a los más vulnerables.