BRUSELAS, 17 de julio. La Comisión Europea ha emitido un ultimátum titánico al Gobierno español, solicitando la corrección de las controversias que rodean las prórrogas en las concesiones de las autopistas AP-66 y AP-9. Estas irregularidades son percibidas como una violación de las normativas de la UE en materia de contratación pública, un tema que, si no se aborda en un plazo de dos meses, podría llevar a los organismos comunitarios a elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La alerta de Bruselas es contundente: "Se insta a España a adherirse a los lineamientos establecidos para los contratos de concesión de autopistas". Este aviso llega en forma de un dictamen motivado dirigido a las autoridades españolas, en el marco de un proceso sancionador que ya había sido iniciado por estas cuestiones.

La situación surge tras la decisión de España de extender las concesiones para las autopistas AP-9 y AP-66 en periodos de 25 y 29 años, respectivamente. Esta modificación se realizó antes de la venta de las concesiones, acción que, según el Ejecutivo comunitario, se llevó a cabo "sin los procedimientos de licitación necesarios ni la notificación en el Diario Oficial de la UE", contraviniendo así la legislación europea que exige transparencia y competencia en estos trámites.

Desde el punto de vista de Bruselas, estas prórrogas son consideradas "modificaciones sustanciales" que equivale a otorgar nuevos contratos de concesión, lo que implica que deberían estar bajo un "procedimiento de licitación competitivo", siguiendo los principios de equidad y transparencia exigidos por las directivas europeas.

Ante esta situación, los servicios de la Comisión Europea han otorgado un plazo de dos meses al Gobierno español para abordar las preocupaciones planteadas en el dictamen. Se espera que se tomen las acciones necesarias para remediar las irregularidades identificadas.

Si no hay respuesta satisfactoria en el tiempo estipulado, el Ejecutivo comunitario ha advertido que podría proceder a la tercera fase de los procedimientos de infracción, lo que implicaría llevar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de la normativa comunitaria.