Víctimas del Alvia de Angrois acusan al Estado de mirar para otro lado tras el accidente de Urda

Las víctimas del Alvia de Angrois, con 80 muertos a sus espaldas, aseguran que el accidente ferroviario de Urda (Toledo) es la consecuencia directa de una investigación que nunca se hizo bien.

Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, lo resume sin rodeos: cuando no hay responsabilidades técnicas, penales ni políticas, los accidentes acaban repitiéndose. Según él, Europa pidió que se repitiera la investigación de Angrois y los sucesivos gobiernos se negaron.

¿Por qué te debería importar? Porque cada vez que te subes a un tren de alta velocidad das por hecho que los controles de seguridad funcionan. Si una auditoría de 2019 ya señaló que España no cumplía la normativa de seguridad ni hacía los análisis de riesgo que exige Bruselas, esa confianza tiene un fallo de base.

Domínguez también apunta al ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien considera el máximo responsable político del sector. Recuerda que, siendo alcalde de Valladolid, pidió una investigación técnica independiente en Europa para las víctimas de Angrois, y que ahora, como ministro, no las ha recibido. Pide que dimita y que, como mínimo, pida perdón.

El portavoz rechaza que la culpa recaiga en el error humano. Explica que las personas fallan una vez cada varios cientos o miles de operaciones, pero que el sistema ferroviario está diseñado con barreras para que un accidente grave ocurra muy raramente. Por eso, según su lectura, buscar un culpable en el maquinista o en una orden concreta dice muy poco de las causas de fondo.

Para el ciudadano de a pie, esto significa que la pregunta clave no es solo si el tren que coges es seguro hoy, sino si quien debe garantizarlo rinde cuentas cuando algo falla. Sin investigaciones independientes y sin consecuencias, la confianza en el transporte público se erosiona.

Qué puede pasar ahora: las víctimas seguirán reclamando una investigación técnica independiente y una respuesta de Bruselas. Si quieres seguir el caso, lo más útil es consultar los informes oficiales de la CIAF y los pronunciamientos de la Comisión Europea, y exigir a tus representantes políticos que expliquen qué se ha hecho desde Angrois.