¿Por qué Galicia sigue sin garantizar los derechos a quienes más lo necesitan?

La Xunta de Galicia recibe 270 millones de euros más del Estado para la dependencia, pero aún no se usan para lo que realmente importa: los derechos de las personas dependientes.

Este dinero, que llegó en julio, debería servir para mejorar la vida de quienes requieren ayuda, pero la Xunta todavía habla de bonos y de deudas, en lugar de cubrir las necesidades básicas. La diferencia es enorme: mientras el Estado aporta 660 euros por persona al mes, la Xunta aún no cumple con esa cifra, dejando a muchas familias en la incertidumbre.

Lo peor es que algunos políticos parecen usar la ayuda como un simple subsidio, en lugar de reconocer el derecho de cada persona a recibir una atención digna. Esto implica que, en vez de una atención justa y efectiva, muchos terminan en una especie de limosna disfrazada, sin garantías reales.

Para quienes tienen familiares dependientes, esto significa seguir viendo cómo sus derechos se diluyen, con promesas que no se cumplen y una sensación de que las administraciones prefieren gastar en propaganda antes que en soluciones concretas. La gente necesita saber que tiene derecho a una atención real, no a migajas.

Ahora, lo que pueden hacer los afectados es exigir que se cumpla la ley y que esos fondos se destinen a garantizar un cuidado digno para todos. La ciudadanía debe presionar para que la política deje de tratar la dependencia como una caridad y pase a considerarla un derecho fundamental.

El futuro de la dependencia en Galicia está en juego. Si los ciudadanos no alzan la voz, seguirán viendo cómo sus derechos son ignorados y cómo las promesas se quedan en palabras. Es momento de exigir cambios reales y claros, porque la dependencia no puede seguir siendo una cuestión de colores políticos, sino una prioridad social.