La Xunta impulsa un nuevo programa para reintegrar a 10,000 jóvenes de 18 a 24 años en la educación.

En una sesión plenaria reciente del Parlamento gallego, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, presentó el ambicioso programa denominado Cualifica Talento, diseñado para reintegrar en el ámbito educativo a jóvenes de entre 18 y 24 años que han abandonado sus estudios. La iniciativa tiene como objetivo principal alcanzar a 10.000 jóvenes en situación de abandono escolar.

Rodríguez subrayó que esta intervención se centrará principalmente en varones, dado que actualmente la tasa de abandono escolar es casi el doble en hombres (13,5%) respecto a mujeres (7,2%). “Es fundamental implementar acciones específicas para abordar esta problemática en el colectivo masculino”, apuntó el conselleiro y añadió que, a pesar de esos números, Galicia se posiciona como una de las comunidades con menor tasa de abandono escolar en el país, notablemente por debajo de la media estatal.

El plan ambiciona que para el curso académico 2026-2027, al menos un 20% de los jóvenes alcanzados (aproximadamente 2.000) se incorporen a diferentes rutas formativas, que incluirán desde Formación Profesional Básica hasta programas de formación de adultos y lenguaje para extranjeros.

Esta acción se integra dentro del Plan FPGal360, que busca potenciar la orientación profesional y proporcionar información integral a los jóvenes. Este marco es clave en el nuevo decreto de Formación Profesional, que permitirá a los estudiantes de FP Básica transitar automáticamente hacia ciclos de grado medio sin necesidad de nuevas solicitudes, un avance significativo en la simplificación administrativa.

Rodríguez también destacó el éxito de la Formación Profesional en Galicia, que se ha convertido en referente gracias a políticas estables y a una inversión histórica de más de 1.500 millones de euros desde 2022. “El compromiso de la Xunta con la educación es evidente, con un 96% de los fondos destinados a la FP provenientes de recursos propios”, afirmó.

El nuevo decreto de FP, según Rodríguez, establecerá un futuro más prometedor para la educación técnica en Galicia, con énfasis en la especialización y flexibilidad de la formación. Innovaciones como la FP Acelerada, que permite obtener certificaciones en plazos reducidos, y la creación de perfiles docentes similares a los universitarios, son solo algunos aspectos de este enfoque renovador.

Además, se introducirán itinerarios formativos que conecten la FP con la universidad, permitiendo a aquellos que decidan hacer esta transición convalidar créditos. Esta medida pretende atender a un 15% de los estudiantes que llegan a FP tras haber pasado por la universidad, facilitando su reintegración en el sistema educativo.

Las estadísticas corroboran el auge de la FP en Galicia, mostrando un incremento del 100% en matrículas desde 2009, con casi 71.229 alumnos actualmente y una tasa de inserción laboral casi del 100%. Sin embargo, la oposición no tardó en criticar a Rodríguez por el reciente nombramiento de un exalcalde en un cargo clave, argumentando que va en contra de la dignidad educativa.

El diputado socialista Autor Bouza cuestionó las controversiales declaraciones pasadas del nuevo jefe territorial de Educación, Santiago Freire, sobre temas relacionados con la mujer y el franquismo, denunciando un potencial sesgo dentro del departamento. “Mientras algunos eliminan el machismo de la política, otros premian con cargos importantes a quienes lo sostienen”, argumentó.

Por su parte, la diputada nacionalista Cristina Fernández Davila advirtió que el nombramiento de Freire responde a una dirección ideológica que podría comprometer la imparcialidad educativa. “Las decisiones tomadas por quienes deberían promover la neutralidad ideológica son, irónicamente, las que nos llevan hacia posturas extremas”, aseguró.

El PPdeG, a través de la diputada Patricia García, defendió el nombramiento, cuestionando la ética de las críticas centradas en Freire, en un momento en que otros enfrentan serias alegaciones legales. Mientras tanto, Rodríguez defendió la decisión argumentando que el ámbito educativo puede ser gestionado por profesionales sin la necesidad de ser educadores de carrera.