SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 de noviembre.

En el día a día, miles de mujeres lidian con una forma de violencia que, aunque no se manifiesta físicamente, tendría un impacto devastador en sus vidas: la violencia económica. Este tipo de violencia se suma a la ya existente desigualdad económica, que se traduce en pequeñas diferencias que tienen grandes repercusiones, como la brecha salarial, que ha llevado a que las mujeres en Europa trabajen "sin remuneración" desde el pasado 17 de noviembre.

Cuando la desigualdad económica se entrelaza con la coacción o las amenazas, ya sea en un contexto de pareja o no, se considera violencia económica, una de las manifestaciones más persistentes del machismo que, lamentablemente, ha sido poco analizada hasta ahora. Un reciente estudio del Ministerio de Igualdad ha revelado que esta forma de violencia es la tercera más prevalente en relaciones de pareja, afectando a más de 2,3 millones de mujeres en el país, según datos de la macroencuesta de 2019.

A pesar de la gravedad del problema, hay escasas estadísticas que aborden este fenómeno. Existen múltiples formas de violencia económica, pero sigue siendo una de las menos discutidas y, por ende, denunciadas. Desde la restricción en la toma de decisiones económicas hasta el control de gastos y la explotación laboral, las facetas de esta violencia son tan variadas como las mujeres que la padecen y los agresores que la perpetúan.

Sin embargo, muchas mujeres no logran identificar estas experiencias como violencia, facilitando que permanezcan en el silencio. La dependencia económica que enfrentan se convierte en una barrera insuperable para presentar denuncias. A este estigma se suma el hecho de que la violencia económica no está tipificada como delito, ni siquiera se menciona en la legislación actual sobre violencia de género.

Aunque se han dado algunos pasos positivos, como su inclusión en el Convenio de Estambul y en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aún queda un largo camino por recorrer en términos de establecer un marco jurídico y jurisprudencía clara que aborde este tipo de violencia.

Fernando Lousada, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Galicia, es un firme defensor de la necesidad de una mayor visibilidad de esta cuestión. Conocido por su pionera sentencia que reconoció el acoso sexual laboral como motivo de indemnización, Lousada discute cómo estas formas de violencia de género, a menudo ocultas, emergen en el contexto del Día Mundial por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.

Si bien se han hecho progresos en la discusión sobre la violencia digital y vicaria, la violencia económica sigue siendo un tema olvidado. Lousada señala que esta última puede facilitar maneras de ejercer otras formas de violencia, como la vicaria, especialmente cuando las mujeres se encuentran en roles de cuidadores en separaciones. “La crueldad se multiplica con la maternidad”, expresa el juez.

Más allá de la falta de pago de pensiones y el control de los recursos económicos, Lousada también resalta la infravaloración del trabajo doméstico, subrayando que la dedicación al hogar y a los hijos debería ser reconocida como un trabajo que necesita compensación, algo que se vuelve complicado de gestionar en separaciones no matrimoniales o con regímenes de separación de bienes.

Para él, la clave está en visibilizar este tipo de violencia: “La violencia económica es la más invisibilizada y transversal. Necesitamos hablar de ella porque lo que no se nombra, no existe. Pero lo más trágico es que parece que no existe cuando, de hecho, sí lo hace”, sostiene.

El magistrado también invita a repensar la discriminación económica, que aunque no implique violencia física directa, conlleva efectos tóxicos similares. “El acoso sexual puede servir como herramienta para esta discriminación en el entorno laboral, perpetuando que las mujeres accedan a puestos de baja calidad”, advierte Lousada.

Además, hace un llamado a ampliar el enfoque de la discusión sobre la desigualdad económica, ya que muchas veces se limita a la brecha salarial, sin tener en cuenta otros aspectos como el trabajo no remunerado. Esta medición no es homogénea, disparándose entre las generaciones, desde un 1% en los jóvenes hasta un 40% en personas mayores de 60 años, debido a cómo se desarrollan sus carreras profesionales.

A pesar del optimismo respecto a los avances logrados, reconoce que el camino hacia la igualdad plena es complicado. “Modificar esta mentalidad tan arraigada en la sociedad occidental es difícil. No podemos esperar que leyes de hace 30 años cambien una cultura de miles de años”, concluye.

Por último, subraya la importancia de reconocer el trabajo no contabilizado que realizan las mujeres. El Producto Interior Bruto generalmente ignora las economías sumergidas y el trabajo doméstico, lo que representa una pérdida significativa. “Eso no significa que dejemos de luchar. La desigualdad no puede ser ignorada como si fuera un delito imposible de erradicar. Al igual que en la lucha contra cualquier forma de opresión, debemos seguir adelante”, reafirma.

Reflejando sobre el progreso logrado en las últimas generaciones, Lousada destaca un cambio significativo: “En los años 70, las mujeres necesitaban permiso para trabajar o abrir una cuenta bancaria. La violencia económica estaba institucionalizada. Hoy, todo esto ha cambiado”, concluye.