El 16 de enero en Vigo, tres individuos enfrentaron las consecuencias de una estafa relacionada con alquileres de vivienda, llegando a un acuerdo que les impondrá dos años de prisión por su papel en estos delitos. Estos acusados, que incluyen a un hombre y dos mujeres, han sido hallados culpables de apropiación indebida y estafa, reflexionando un preocupante caso de fraude en el sector inmobiliario.

Durante una audiencia de conformidad celebrada en la mañana de este jueves en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, los tres implicados aceptaron un año de cárcel por cada uno de los delitos cometidos. Esta decisión se produjo en un contexto donde la justicia busca no solo castigar, sino también enviar un mensaje claro sobre la seriedad de estos crímenes que afectan a numerosos inquilinos.

Además de la pena de prisión, se les ha impuesto una multa de 540 euros. Uno de los acusados ha beneficiado de un atenuante debido a la reparación del daño, dado que se había abonado la responsabilidad civil a las víctimas de la estafa. Es relevante mencionar que, bajo ciertas condiciones, podrán evadir la prisión efectiva, siempre que no cometan nuevos delitos en los dos años siguientes a la sentencia.

El origen de este caso se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, donde la Fiscalía había solicitado penas de hasta cinco años y medio de prisión para estos acusados. Este enfoque riguroso del Ministerio Público subraya la gravedad con la que se están tratando los delitos relacionados con fraudes en el ámbito de la vivienda, un problema que afecta a muchas familias en situaciones vulnerables.

La trama comenzó en mayo de 2023, cuando una de las acusadas, empleada de una inmobiliaria, formalizó un contrato de alquiler de un piso en Nigrán. En complicidad con un colega y la propietaria de la empresa, cobraron 600 euros a una clienta como señal para reservar el inmueble, con la promesa de que podría ocuparlo a partir de septiembre. Sin embargo, cuando la inquilina solicitó la devolución del dinero tras encontrar otra vivienda disponible de inmediato, los acusados se inventaron "todo tipo de excusas" para evitar la restitución de la suma, quedándose con el dinero.

El abuso no se detuvo ahí, ya que también habían cobrado 800 euros como señal por un alquiler turístico, a pesar de que la propietaria de la vivienda no había dado su consentimiento para las condiciones impuestas por los arrendadores. Este comportamiento subraya la falta de escrúpulos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de quienes buscan un hogar, destacando la urgencia de regular y supervisar de manera más estricta el mercado del alquiler.