En un informe presentado por la Xunta se revela que el costo del rescate de la AP-9 estaría entre 1.612 y 2.355 millones de euros, muy por debajo de los 4.000 millones mencionados por el ministro Óscar Puente.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep.

Este estudio encargado a una consultora analiza los costes que implicaría para el Estado la aprobación de la ley de transferencia de la AP-9, que actualmente se encuentra en proceso en el Congreso. En caso de aprobarse tal como está redactada, implicaría la ampliación de las bonificaciones existentes y el fin del aumento anual de los peajes.

Según el informe, esto resultaría en un incremento de aproximadamente 526,5 millones de euros sobre los 1.149 millones que ya se pagarán hasta 2048, año en el que finaliza la concesión a Audasa, manteniendo las actuales bonificaciones. En total, se estima un desembolso de alrededor de 1.676 millones de euros.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, destacó que estos datos contrastan con las cifras proporcionadas por el Gobierno, evidenciando una diferencia significativa en la estimación de costos.

En junio, el ministro Puente había mencionado que el traspaso tendría un costo de entre 1.260 y 2.600 millones, cifras que coinciden con las calculadas por el informe encargado por la Xunta al considerar no solo el sobrecoste, sino el pago total hasta 2048.

El estudio contempla diferentes escenarios para la AP-9, incluyendo la transferencia de titularidad, la transferencia con nuevos descuentos y la finalización de la concesión, siendo esta última la que genera discrepancias entre la Xunta y el Gobierno central.

Según el Gobierno gallego, el costo del rescate estaría entre 1.612 y 2.355 millones, cifras que incluyen la indemnización a Audasa, los costos de eliminación de cabinas de peaje y conservación de la autopista. Todo esto, considerando el ahorro de las bonificaciones existentes.

La postura de la Xunta es favorable a la transferencia y ampliación de bonificaciones, reflejada en la ley aprobada en el Parlamento gallego y admitida a debate en el Congreso. El informe será enviado al ministro de Transportes en espera de una respuesta y una reunión para discutir la situación de la AP-9 y otras carreteras de la región.