La Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer) ha anunciado que llevará a cabo una acción legal en septiembre en el Tribunal Supremo para impugnar las prórrogas otorgadas en 1994 y 2000 al consorcio Audasa para la explotación de la autopista AP-9, la cual se extenderá hasta 2048 según la última prórroga.

Durante una rueda de prensa celebrada en Santiago, el presidente de Fegatramer, Ramón Alonso Fernández, subrayó el objetivo de "recuperar judicialmente esta autopista" y planteó la necesidad de que sea gratuita para los usuarios. La denuncia se centrará en las decisiones tomadas por el Consejo de Ministros que autorizaron estas extensiones de concesión.

El secretario general de Fegatramer, Carlos García Cumplido, adelantó que, si se anulan las prórrogas, también se solicitará la devolución de los peajes considerados como "indebidos" que los conductores han pagado en los últimos años, lo que podría resultar en un impacto financiero significativo para los usuarios.

La AP-9, que diariamente maneja alrededor de 60.000 vehículos, entre los cuales unos 4.000 son camiones de transporte que deben afrontar estos costes, se configura como un eje vital para la economía gallega.

García Cumplido expresó su frustración ante la "falta de acción" del Gobierno central, afirmando que no está claro cuál será su próximo movimiento. Criticó el "pelotazo" que han supuesto estas prórrogas, que, a su juicio, están siendo financiadas por todos los ciudadanos de Galicia.

Además, enfatizó que este procedimiento judicial no depende de la decisión que tome la Comisión Europea, que ya ha determinado que la prórroga de la concesión de la AP-9 incumple las normativas de la UE en cuanto a la libre competencia en contratos públicos.

Fegatramer prevé que el Tribunal Supremo podría emitir un fallo en un periodo aproximado de cuatro años y considera que la nulidad de estas prórrogas sería crucial si se concretara la transferencia de la autopista a la responsabilidad gallega, ya que se realizaría sin "una carga significativa".

Por otro lado, la Comisión Europea ha exigido al Gobierno español que corrija las irregularidades que rodean las prórrogas de los peajes de las autopistas AP-66 y AP-9. De no abordarse las cuestiones señaladas en un plazo de dos meses, los asuntos podrían ser elevados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por los servicios de Bruselas.