La Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia ha entrado en la recta final de un proceso crucial, ya que solo queda una semana para que cumpla con el compromiso de resolver los 210 procesos selectivos destinados a la estabilización del empleo público. Esta serie de convocatorias, que afecta a un total de 5.675 plazas, debe estar lista antes del 31 de diciembre de 2024, una exigencia impuesta por la Unión Europea con el objetivo de disminuir la elevada temporalidad en la Administración autonómica.

Desde el Gobierno gallego se asegura que “la mayoría” de estos procesos están avanzando hacia su conclusión. De acuerdo con datos recientes proporcionados por fuentes de la Consellería, el 64,3% de los concursos ya cuenta con la relación de aprobados, lo que se traduce en 126 posiciones cubiertas por el sistema de concurso y nueve por concurso-oposición. Sin embargo, el contexto sigue siendo preocupante, ya que un porcentaje significativo de procesos permanece sin resolver a poco tiempo del cierre del año.

Actualizando la información a fecha del 20 de diciembre, se destaca que el 23,8% de los procesos —que incluye 22 por concurso y 28 por concurso-oposición— se encuentra en la fase final de publicación de baremos definitivos. Por otro lado, un 10,95% de los concursos todavía presenta baremos provisionales. Esta situación deja al descubierto que 73 de los 210 procesos, o sea, el 35%, aún no han comunicado la lista de aprobados, lo que genera preocupación sobre la efectividad del sistema de estabilización que se ha implementado.

El sindicato CNT ha alzado la voz en representación de “cientos de temporales” que se enfrentan al riesgo de despido una vez que se complete este proceso de estabilización. Los trabajadores cuyas voces han sido recogidas por Europa Press critican que este proceso se centra en “estabilizar plazas y no a personas”, lo que podría dejar fuera a aquellos que han estado empleados por más de 15 años en la administración. Este camino hacia la estabilización ha sido cuestionado por no seguir correctamente la normativa vigente que regula dicho procedimiento.

Las conversaciones con las fuentes de la Consellería de Facenda revelan que las plazas en cuestión corresponden a aquellas que han estado ocupadas de manera temporal desde antes del 1 de enero de 2016. Según la Xunta, estas más de 5.600 plazas fueron identificadas tras consultas con las respectivas consellerías. No obstante, la falta de transparencia y verificación en la adecuación de las plazas según los estándares establecidos ha suscitado severas críticas.

Los trabajadores que se oponen a este proceso de estabilización han enfatizado que lo acontecido refleja una falta de rigor por parte de Función Pública, que estaría llevando a cabo los procesos sin garantizar primero la legalidad de las plazas ofrecidas en el concurso. Esto pone en tela de juicio la solidez de un sistema que se presenta como solución a un problema prolongado de temporalidad en el empleo público.

Una vez se hagan públicas las resoluciones de elección de destino, la Consellería admitirá que se evidenciará el número de personas "que dejarán de prestar servicios". A pesar de ello, se insiste en que estos trabajadores regresarán a las listas de contratación y pueden ser llamados nuevamente para ocupar las vacantes que generen los empleados que sean estabilizados.

Desde la Consellería se asegura que el número total de trabajadores en activo no experimentará cambios significativos, aunque sí se prevé un incremento de aquellos que tengan un estatus de funcionarios de carrera o laborales fijos. Por otro lado, se descarta la necesidad de recurrir a asistencias técnicas para tareas que requieran un vínculo laboral sostenido.

Según el informe sobre fiscalización de gastos de personal de la administración general, emitido por el Consello de Contas y abarcando los años de 2014 a 2019, se reveló que en 2019 la tasa de temporalidad alcanzaba el 27,75%. Este dato era inferior al 36,19% de promedio en el resto de comunidades autónomas, lo que evidencia unos niveles preocupantes de inestabilidad laboral que la Administración ha luchado por reducir. Esta situación se agrava en sectores como el personal laboral y estatutario, donde las tasas alcanzan el 50% y el 33% respectivamente.

Por último, la Xunta lanza un mensaje optimista, afirmando que estos procesos que se encuentran en fase de finalización permitirán que la tasa de temporalidad en Galicia se reduzca a menos del 8% una vez culminados, marcando así un precedente importante en la lucha por la estabilidad laboral en el sector público.