SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 de noviembre.

El secretario general de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos, ha expresado su apoyo al fiscal general Álvaro García Ortiz, a quien ha calificado de "hombre inocente". Carlos sostiene que la reciente condena contra él representa un serio ataque a los fundamentos democráticos del país. En este sentido, enfatizó la necesidad de iniciar una reforma profunda del sistema judicial, que incluya modificaciones en la legislación vigente y en el Consejo General del Poder Judicial.

Durante una conferencia de prensa en Santiago, Paulo Carlos acusó al Partido Popular de instrumentalizar el sistema judicial al estilo de los regímenes autoritarios para acorralar al Gobierno de coalición, centrándose específicamente en el caso del fiscal general. Esta declaración tuvo lugar mientras se preparaba una concentración en apoyo a García Ortiz, donde también estuvo presente Marta Lois, candidata de la formación para las elecciones autonómicas de 2024.

La movilización ciudadana, que congregó a un gran número de personas en la emblemática Praza do Obradoiro, se organizó pocos días después de que se publicara la condena provisional del Tribunal Supremo, que ha dictado una pena de dos años de inhabilitación contra García Ortiz por presunta revelación de secretos vinculados a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El líder de Movemento Sumar ha cuestionado el hecho de que exista una condena sin una sentencia firme, lo que considera procedimentalmente "raro". Además, criticó al PP por su presunta manipulación del juicio, acusando a algunos jueces de tener una inclinación política que afecta su imparcialidad. Carlos advirtió que la separación de poderes y el Estado de derecho se encuentran en grave peligro, describiendo la situación como un preocupante "golpe a la democracia".

Ante tal escenario, Paulo Carlos ha instado a llevar a cabo reformas significativas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y ha propuesto una "reforma integral" del Consejo del Poder Judicial, con el propósito de erradicar de una vez por todas lo que ha denominado 'lawfare'.