VIGO, 18 de enero. La Audiencia Provincial de Pontevedra, ubicada en Vigo, se prepara para llevar a cabo un juicio el próximo 21 de enero contra un hombre que se enfrenta a graves acusaciones por la creación de una empresa y la transferencia de capital desde una compañía que administraba, en cuya propiedad compartía derechos con otros socios.

La Fiscalía ha solicitado una pena de hasta dos años de prisión y una multa de 1.800 euros, al considerar que el acusado ha cometido un delito de administración desleal. Además, el Ministerio Público reclama casi 6.000 euros como parte de la responsabilidad civil, correspondiente a la suma que el hombre trasladó a su nueva empresa sin el consentimiento de los demás socios.

Según el relato del Ministerio Fiscal, los acontecimientos se remontan a abril de 2022, cuando el acusado decidió fundar una empresa dedicada a la reparación y conservación de maquinaria. Esta nueva firma eligió un nombre que resultaba “bastante parecido” al de una empresa similar que el acusado gestionaba en solitario desde la fallecida de su socio, a pesar de que los hijos menores de edad de este último eran los herederos legítimos de la parte correspondiente a su padre.

Además de la similitud en el nombre, la nueva empresa operaba desde la misma dirección que la anterior, lo que generaba una notable confusión tanto para la cartera de clientes existente como para aquellos potenciales clientes que se sumarían, ya que ambas firmas ofrecían servicios idénticos en un entorno comercial y físico compartido.

La Fiscalía subraya que el acusado tenía pleno conocimiento de esta situación y, actuando como administrador único de la primera empresa, llevó a cabo una transferencia de 5.975,64 euros entre el 30 de mayo y el 29 de septiembre de 2022, desde las cuentas de la antigua empresa hacia la nueva creación.

El objetivo de estas acciones, según el informe del Ministerio Fiscal, era garantizar los fondos necesarios para operar su nuevo negocio. De forma adicional, el acusado se benefició de los servicios inicialmente contratados por los clientes de la primera empresa, los cuales fueron ejecutados por su nueva empresa, poniendo en tela de juicio la ética de su conducta.

La acusación sostiene que el hombre constituyó esta nueva empresa con la intención de competir directamente en el mismo sector, atrayendo a la clientela que ya pertenecía a la primera firma, consciente del perjuicio que esto generaría para los socios minoritarios, quienes eran los herederos de su padre. Ante estos hechos, la Fiscalía no ha dudado en pedir dos años de cárcel y una multa de 1.800 euros para el individuo implicado.