La Audiencia Provincial de A Coruña se prepara para acoger un emotivo y esperado juicio que tendrá lugar entre el 25 y el 29 de noviembre, donde se juzgará a una mujer residente de Paderne, acusada del asesinato de su esposo. La Fiscalía ha solicitado una condena de 20 años de prisión, considerando elementos agraviantes y atenuantes en este caso tan complejo, que incluye la relación matrimonial entre la acusada y la víctima, así como el estado de salud mental de la mujer.

Según el relato presentado por el Ministerio Público, el matrimonio vivía en una vivienda situada en la zona de Velouzás, en Paderne, propiedad de la madre del esposo. En este entorno aparentemente cotidiano, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, la acusada habría tomado la decisión de acabar con la vida de su pareja. Se sostiene que el crimen se llevó a cabo en un momento en que el hombre se encontraba durmiendo o descansando en la cama, lo que añade una capa de brutalidad y sorpresa a los hechos.

En el transcurso de la agresión, la mujer utilizó un martillo para propinarle al menos cuatro golpes en la cabeza, lo que resultó fatal. Posteriormente, en un acto que provoca escalofríos, envolvió la cabeza de su esposo en una bolsa de plástico y lo cubrió con una manta, dejándolo en el lugar donde fue hallado el 20 de enero, desatando una serie de interrogantes sobre su estado mental y las circunstancias del hecho.

Los eventos previos al descubrimiento del crimen son igualmente perturbadores. A las 23:35 horas del 6 de enero, la acusada contactó a Urxencias Sanitarias de Galicia 061 solicitando asistencia médica, siendo trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Este giro en la narrativa de la historia genera un ambiente de confusión y desesperación, que refleja la complejidad de la vida que llevaba la pareja.

La situación legal de la mujer se complicó aún más cuando fue arrestada el 1 de marzo de 2023 en el hospital, tras recibir el alta médica. A partir de ese momento, se decretó su prisión provisional. La acusada había sido diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de la personalidad, lo que, según algunos expertos, podría haber influido en su capacidad de juicio y en la comprensión de sus acciones al momento del crimen.

La Fiscalía plantea que aunque la acusada poseía la capacidad para entender sus acciones, no pudo valorar de manera adecuada las consecuencias de sus actos, dejando entrever la complejidad de la salud mental y sus interacciones con conductas criminales. Este juicio no solo aborda el asesinato en sí, sino que también expone la necesidad de entender los factores psicológicos y sociales que pueden llevar a situaciones tan trágicas.