Durante la jornada judicial de este martes, el conocido narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, o Sito Miñanco, optó por no comparecer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que lo está juzgando en el marco de la 'operación Mito'. Este caso se centra en la red delictiva que supuestamente lideraba y que intentó introducir erróneamente en territorio español más de 4.000 kilos de cocaína. La negativa de Miñanco se debe, según su defensa, a que el procedimiento de presentación de pruebas no se ha completado en su totalidad.

En una declaración hecha ante el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, Miñanco argumentó: “Por recomendación de mi abogado no voy a declarar hasta que no acaben las pruebas periciales y todo lo demás”. Esa afirmación se produjo cuando el magistrado lo llamó para iniciar el interrogatorio, lo que reflejó su decisión de no participar hasta que se cumplan los procedimientos legales adecuados.

Ante tal postura, el magistrado le consultó si su negativa abarcaba no solo a la Fiscalía sino también a las defensas, a lo que el narcotraficante reiteró que no respondería “hasta que no acaben todas las pruebas periciales”. Este momento fue significativo, resaltando la importancia que da la defensa al debido proceso y la protección de los derechos de su cliente.

Previo a esta decisión, el letrado Jacobo Teijelo, en representación de Miñanco, había argumentado que forzar una declaración en estas condiciones podría suponer una indefensión para el acusado. Se amparó en el artículo 24 de la Constitución Española así como en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Recordó al tribunal que se había establecido un orden en el que las declaraciones de los aproximadamente 50 acusados debían llevarse a cabo tras la conclusión de la práctica de las pruebas.

Después de la negativa de Sito Miñanco, el magistrado le solicitó que tomara asiento. En ese instante, Santiago Osuna Medina, otro de los acusados, no pudo asistir a la sesión judicial debido a problemas de salud que lo llevaron a ser atendido en un hospital de Valdepeñas tras un incidente ocurrido durante su viaje desde Linares. Su defensa informó que se encontraba en una camilla en su ciudad natal.

El magistrado, visiblemente frustrado por la situación, decidió suspender el juicio "sine die", haciendo hincapié en que esto podría significar que todo lo ya discutido en la sala deba ser repetido. Esta complicación resalta las dificultades administrativas de un proceso legal que involucra a un gran número de acusados.

Minutos antes de este incidente, Guevara había programado para el miércoles una pericial sobre las sonorizaciones de escuchas, permitiendo que los peritos de la policía y los expertos de las partes confronten sus evidencias. Esta decisión se tomó ya que varios de los expertos propuestos no estaban presentes en la sala, lo que complica aún más el desarrollo del juicio.

La relevancia de esta pericial no es menor, ya que parte de la estrategia de defensa de varios de los principales encausados radica en demostrar que las grabaciones obtenidas en un chalé y en vehículos no fueron selectivas y, potencialmente, pudieron haber sido alteradas en algún momento posterior.

Un perito policial que sí declaró este martes explicó a la sala que los sistemas utilizados permitían activar y desactivar la grabación, así como reafirmar que el archivo 'hash' generado por las grabaciones no puede ser alterado. Estas declaraciones son cruciales en un caso donde la evidencia técnica podría determinar la culpabilidad o la inocencia de los acusados.

Además, el tribunal también pospuso para más adelante la revisión de grabaciones seleccionadas por las partes, las cuales deben ser escuchadas en sala, dado que no estaban adecuadamente preparadas para la reproducción, lo que ocasionó que se procediera a dar paso a los interrogatorios de los acusados.

Previo a la suspensión del juicio, una decena de peritos pasó por la sala, ratificando varios informes policiales relacionados con balística, análisis de la pureza de la cocaína confiscada, el tipo de embarcaciones empleadas en las operaciones ilegales y las técnicas utilizadas para ocultar sustancias y dinero en los vehículos involucrados.

Fuentes judiciales consultadas por Europa Press han informado que, a menos que se convoquen de manera urgente a los acusados, las sesiones del juicio programadas para miércoles y jueves quedan suspendidas. Además, la sala tiene un plazo de 30 días para fijar un nuevo calendario o tomar otras decisiones respecto al futuro del procedimiento. Se ha señalado que no habrá sala disponible para reanudar el juicio hasta el 10 de febrero.

Es fundamental recordar que la Fiscalía Antidroga solicita una condena de 31 años y 6 meses de prisión para Sito Miñanco, mientras que para el abogado Gonzalo Boye, quien representa al expresidente Carles Puigdemont, la demanda es de 9 años y 9 meses de encarcelamiento. Boye, por su parte, se enfrenta a cargos por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con su supuesta participación en la recuperación de casi 890.000 euros que la policía había confiscado a alegados miembros de la organización de Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas.