En Santiago de Compostela, el Equipo Roca de la Guardia Civil de Celanova ha llevado a cabo una investigación que ha resultado en la declaración como investigados de siete personas, provenientes de diferentes localidades de Galicia, por un total de 40 delitos de falsedad documental. Estos delitos estarían vinculados con irregularidades en granjas de bovino ubicadas en Ramirás y A Gandarela, supuestamente relacionadas con dos empresas cárnicas.

La investigación, conocida como 'Operación Guitarra', comenzó en marzo de 2024 a raíz de una denuncia presentada ante la Guardia Civil. La denuncia mencionaba maltrato animal en las explotaciones, medicación sin prescripción veterinaria, tratamiento inadecuado de los animales y otras prácticas ilegales.

Además, se reveló la introducción de animales desde Portugal sin documentación, la simulación de ataques de lobo a ovejas para encubrir muertes causadas por los perros de los dueños, el uso indebido de crotales de animales fallecidos en animales vivos, entre otras infracciones sanitarias y de identificación.

Tras conocer estos hechos, la Guardia Civil llevó a cabo inspecciones en las granjas mencionadas, así como en otra ubicada en O Carballiño, revelando diversas irregularidades y prácticas ilegales.

El Servizo de Gandería de la Xunta de Galicia emitió un informe tras las investigaciones de la Guardia Civil, confirmando numerosos delitos de falsificación de documentos públicos y usurpación de estado civil en las explotaciones mencionadas.

Como resultado de estas acciones, en junio pasado la Guardia Civil realizó inspecciones en carnicerías de Ourense y su sala de despiece, decomisando más de 1,000 kilos de carne que carecía de la documentación adecuada para su venta, poniéndola bajo propuesta de destrucción.

Finalmente, tras un intercambio de información con las autoridades competentes, la Guardia Civil concluyó la operación con la investigación de siete personas y la realización de inspecciones en establecimientos y explotaciones, así como la toma de declaraciones a propietarios afectados por el uso fraudulento de sus datos en movimientos de animales.