En un movimiento que ha generado un importante debate, el Partido Popular de Galicia (PPdeG) ha presentado enmiendas a la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos gallegos para el año 2025. Este cambio en la normativa busca establecer un régimen especial que facilite la ejecución de obras destinadas a la recuperación o restauración de canales, con el objetivo fundamental de proteger a la población del riesgo de inundaciones.

La propuesta llega en un contexto aún marcado por las repercusiones de la reciente DANA que afectó a Valencia, planteando una nueva disposición adicional en la ley. Esta enmienda se centra en realizar obras en áreas identificadas como de riesgo potencial significativo de inundación, dentro de la demarcación hidrográfica de Galicia Costa.

Las obras en cuestión están específicamente dirigidas a la recuperación o restauración de la hidromorfología de los canales que han sido alterados por intervenciones previas. Se pretende garantizar que estas acciones contribuyan a minimizar el riesgo de inundaciones, un asunto de creciente preocupación en la comunidad gallega.

Un aspecto relevante de esta propuesta es que para la ejecución de estas obras no será necesario obtener las licencias, autorizaciones ni informes sectoriales que tradicionalmente están bajo la competencia de la Comunidad Autónoma o de las entidades locales. Esta omisión en los requisitos administrativos ha despertado reacciones variadas entre diferentes sectores de la sociedad.

Además, la normativa no requerirá que el proyecto se someta a la exposición pública habitual, justificando esta decisión con la necesidad de una "inmediata ejecución de obra" para reducir los riesgos detectados. Esta decisión ha suscitado inquietudes en torno al proceso de transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a la comunidad.

En la valoración de la necesidad de estas obras, se establece que el interés público superior en la protección frente al riesgo de inundación debe ser determinado por resolución de la Presidencia de Augas de Galicia. Esta valoración deberá tener en cuenta la amenaza que el riesgo supone para personas, bienes, infraestructuras públicas o núcleos de población, lo que destaca la importancia de un enfoque cuidadoso y responsable en la implementación de estas medidas.