En la ciudad de Santiago de Compostela, el 16 de diciembre, se ha encendido el debate en torno a los casos de silicosis que han surgido en la fábrica de Sargadelos ubicada en Cervo, A Mariña de Lugo. La compañía ha emitido un comunicado en el que desmiente categóricamente que las dos trabajadoras diagnosticadas con esta enfermedad hayan contraído silicosis en sus instalaciones.

Según Sargadelos, ambas empleadas habían estado laborando en otra planta cerámica durante varios años antes de su incorporación. La empresa asegura que ha hecho un esfuerzo por adaptar sus roles en función de su situación de salud, subrayando el interés de las trabajadoras en continuar con su labor.

En su defensa, la firma ha resaltado su compromiso con la seguridad laboral, señalando que mantiene un acuerdo con la empresa Vitaly para la supervisión y gestión de riesgos ocupacionales. Aseguran que, hasta ahora, todos los controles realizados han mostrado niveles dentro de los parámetros aceptados por las normativas de seguridad.

Una revisión reciente efectuada por la Xunta de Galicia también confirmó que no se habían encontrado niveles de toxicidad alarmantes en los ambientes de trabajo. Sin embargo, esta situación no ha asumido un carácter apacible, dado que la relación entre el dueño de Sargadelos, Segismundo García, y la Inspección de Trabajo se ha tensado desde abril, debido a las exigencias de mejorar las condiciones de seguridad en la planta.

Este conflicto ha llevado a la implementación de cierres patronales, dejando a los trabajadores de producción afuera de la fábrica durante varios días, tanto en abril como en las últimas semanas. En ambas ocasiones, la Xunta se involucró, condenando despidos durante la primera crisis y rechazando la propuesta de un expediente de regulación de empleo temporal presentado por García por considerarlo “incongruente”.

A pesar de las turbulencias, García ha manifestado su intención de cesar en sus funciones como director ejecutivo y, tras la reciente recuperación del negocio, ha prometido recompensar a todos aquellos empleados que cuenten con más de tres años de antigüedad con una bonificación antes de Navidad.

El propietario también ha dejado claro que, si se enfrenta nuevamente a la necesidad de cerrar las puertas de la empresa por presiones externas, no estará dispuesto a "perder más tiempo en batallas imposibles", insinuando un claro desafío ante las autoridades que supervisan la seguridad en el trabajo.