En una jornada que promete marcar un antes y un después en la política de vivienda en Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, realizó un anuncio relevante el pasado miércoles en Santiago de Compostela. El mandatario autonómico declaró que el Gobierno gallego planea aumentar los umbrales de renta para facilitar el acceso a la compra de viviendas de promoción pública.
Rueda, al ser cuestionado sobre las políticas de vivienda durante la sesión de control llevada a cabo en la Cámara gallega, manifestó su desconsuelo ante la situación actual: “No es normal que una pareja, con un ingreso combinado de 24.000 euros, se vea excluida de la posibilidad de adquirir una vivienda pública.” Este comentario refleja una creciente preocupación por la falta de acceso a la vivienda que afecta a muchas familias gallegas.
Además, el presidente se defendió de las acusaciones del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien criticó la gestión del gobierno en materia de vivienda. Rueda enfatizó que “haremos que las viviendas protegidas sean protegidas siempre”, al tiempo que recordaba que en el transcurso de los últimos cuatro años, la administración previa había desprotegido más de 10.000 viviendas. Este dato pone de manifiesto el compromiso de la Xunta en la revalorización de la vivienda protegida frente a la gestión de sus predecesores.
Por su parte, Besteiro planteó la necesidad de que la Xunta cumpla la ley estatal de vivienda, particularmente lo relacionado con la declaración de zonas tensionadas, y propuso, además, la creación de un banco público que ofrezca alquileres a precios accesibles. Subrayó que estas medidas son urgentes ante la “emergencia habitacional que afecta a miles de gallegos y gallegas”, una situación que parece crecer día tras día en la región.
Rueda contestó que la Xunta cumplirá con la normativa, afirmando que si se dan los requisitos necesarios, la declaración de zonas tensionadas no presentará inconvenientes. Sin embargo, también apuntó a la falta de diligencia de los ayuntamientos, incluidos aquellos gobernados por el PSOE, en cumplir con los trámites requeridos. “Por algo será”, insistió, remarcando su posición de rechazo hacia la ley estatal de vivienda elaborada en el ámbito nacional.
Desde su perspectiva, el presidente expresó que “demonizar a los propietarios” no es un enfoque constructivo, ya que esto podría perjudicar la confianza necesaria en el mercado. Con firmeza, reiteró que “la ley hay que cambiarla”, dejando entrever que la solución al problema de la vivienda en Galicia pasa por una reforma más integral en lugar de medidas a corto plazo.
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