El Diario Oficial de Galicia ha dado a conocer este lunes una normativa que representa un paso significativo en la política energética de la Xunta, marcando un rumbo hacia un modelo más sostenible y en consonancia con las necesidades locales.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 de noviembre. La ley recientemente publicada se enfoca en la promoción de los beneficios sociales y económicos que derivan de los proyectos destinados a aprovechar los recursos naturales de Galicia. Esta legislación, que ha recibido luz verde en el Parlamento, otorga la posibilidad de declarar como "de especial interés" ciertos proyectos de modernización de parques eólicos que ya están operativos.

En términos específicos, la norma establece que los proyectos de repotenciación y actualización tecnológica de las instalaciones eólicas existentes podrán ser reconocidos como "de especial interés", siempre que se cumplan dos condiciones fundamentales. La primera de estas es que los nuevos planes logren reducir, al menos en un 50%, la cantidad de aerogeneradores previos, sin que esta disminución afecte a la potencia total instalada.

La segunda condición exige que se destine un mínimo del 10% de la energía producida a comunidades energéticas locales, administraciones públicas o empresas que operen en la misma comarca que el parque eólico, con la intención de fomentar el autoconsumo y contribuir al bienestar de la población local.

Así se detalla en la normativa, que en su sección inicial aborda específicamente la producción de energía a partir de fuentes renovables y establece un marco para la declaración de proyectos de energías renovables y sus infraestructuras como de interés público, social y económico.

Adicionalmente, la Xunta, a través de otra legislación vinculada a los presupuestos del próximo año, ha determinado que los parques eólicos con aerogeneradores que superen los 25 años de antigüedad deberán ser modernizados. Según sus cálculos, se prevé que en un plazo de ocho años la comunidad gallega pase de tener 3.000 aerogeneradores a solo 800, abarcando aproximadamente 100 instalaciones en total.

Los proyectos de energía renovable podrán ser considerados como de especial interés social y económico, siempre a propuesta de la consellería que gestiona el área de energía, según los lineamientos que establece la nueva normativa. Esencialmente, se procederá a una evaluación discrecional de los beneficios que estos proyectos puedan aportar, en conformidad con lo estipulado en la normativa vigente.

En particular, cualquier proyecto que aspire a esta categorización deberá cumplir al menos uno de cuatro requisitos. Entre ellos se incluye la suscripción de contratos de compraventa de energía a precios competitivos, la realización de inversiones significativas en el territorio, la creación de iniciativas de autoconsumo eléctrico, y, por supuesto, la mencionada repotenciación de infraestructuras existentes.

Respecto a aquellos proyectos que firmen contratos de compraventa, también conocidos como 'PPA', deberán contar con los permisos necesarios para acceder y conectar a la red, en caso de que la normativa sectorial lo exija. Además, cualquier proyecto de generación eléctrica renovable que no se tramite a la par con su línea de evacuación también debe tener las infraestructuras de evacuación adecuadamente tramitadas o autorizadas.

No solo eso, sino que cualquier acuerdo de compraventa debe tener una duración mínima de ocho años, y la entrega de energía debe dirigirse a empresas locales y a residentes dentro de Galicia, garantizando así un impacto directo y positivo en la comunidad.

Además, se especifica que al menos el 50% de la producción de energía de estos proyectos debe estar destinada a los contratos previamente establecidos, y se exige demostrar que la actividad industrial vinculada al 'PPA' genera un impacto socioeconómico y territorial claro en la comunidad gallega.

Finalmente, los proyectos tendrán que cumplir con todas las regulaciones de uso de suelo y otros requisitos legales pertinentes, asegurando de esta forma que se actúe en respeto a la normativa ambiental y urbanística.

La normativa también se extiende a los proyectos que impliquen inversiones concretas en el territorio, los cuales podrán ser reconocidos como de especial interés, siempre bajo la premisa de que cumplen con los permisos y requisitos para la conexión a la red.

Se añade que el titular del proyecto de energías renovables debe coincidir con el titular de la inversión o al menos demostrar una relación empresarial que garantice que un porcentaje significativo de la producción energética se destina al uso empresarial relacionado con dicha inversión.

El tercer requisito estipula que dichas inversiones deben generar un empleo directo por cada megavatio instalado, con un umbral mínimo de 20 millones de euros en inversión y 100 empleos directos creados.

También es esencial que la inversión se realice dentro del territorio gallego y que cumpla con todas las exigencias legales en materia de uso del suelo.

Respecto a los proyectos que se destinen al autoconsumo eléctrico, la normativa prevé que puedan ser considerados de especial interés siempre que sean capaces de demostrar sus requisitos correspondientes, incluyendo la necesidad de contar con permisos de conexión vigentes y los adecuados permisos de infraestructura si es que no se tramitan conjuntamente.

La consejera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, abordó recientemente este tema en la Cámara autonómica, avanzando que los promotores de proyectos tendrán la obligación de destinar al menos el 50% de su producción a empresas gallegas, utilizando los contratos de compraventa de energía mencionados anteriormente. Esto ha generado descontento entre algunos promotores, quienes temen que esta directriz limite sus opciones comerciales.

Esta ley de recursos naturales también ofrece respaldo a la entidad público-privada Recursos de Galicia, creada y promovida por la Xunta desde finales de 2023, que posee un 30% del capital y derechos de veto en proyectos energéticos. No solo eso, la entidad también ha anunciado la creación de una nueva comercializadora que ofrecerá electricidad a precios más accesibles para los vecinos de zonas cercanas a parques eólicos.

En cuanto a la energía eólica marina, la normativa establece un canon equivalente al que ya se aplica a la energía eólica terrestre, además de impulsar un fondo destinado a la recuperación de áreas devastadas por incendios forestales y establecer un sistema voluntario de créditos de carbono por parte de la Xunta.