La Xunta de Galicia ha expresado su preocupación ante lo que considera una "frivolidad" en el manejo del tema de Muface por parte del Ministerio de Sanidad, que ha manifestado su viabilidad para integrar a los mutualistas en el sistema de salud público. La situación ha tomado relevancia debido a que más de 63,000 gallegos se encuentran a la espera de un futuro incierto en torno a Muface, después de que las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV decidieran no participar en la reciente licitación para continuar prestando atención sanitaria, un anuncio que se produjo a principios de este mes de noviembre.

Los datos de la Memoria de 2023, proporcionados por Muface, indican que esta entidad, bajo el ala del Ministerio de Función Pública, contabiliza un total de 101,300 afiliados en Galicia. De estos, 63,100 reciben atención sanitaria a través de las tres aseguradoras mencionadas, mientras que el resto es atendido por el sistema estatal de la Seguridad Social. Adeslas se hace cargo del mayor número de afiliados, alcanzando a 50,705, mientras que DKV y Asisa cubren a 10,375 y 2,019, respectivamente.

La comunidad gallega representa la sexta autonomía con más funcionarios vinculados a Muface, quienes en la actualidad se verán obligados a recurrir a la sanidad pública. La controversia comenzó a emerger a principios de noviembre, cuando las aseguradoras dieron a conocer su decisión de no concurrir a la licitación, alegando que el servicio se encontraba "infrafinanciado".

El Gobierno, por su parte, ha recordado que esta nueva licitación incluía un incremento del 17.12% en las primas, después de que una propuesta inicial del Ejecutivo fijase un aumento del 14%, cifra que las aseguradoras consideran insuficiente. Las compañías han señalado que es necesaria una elevación de al menos el 40% para evitar mayores pérdidas personales.

Días después, el Ministerio de Sanidad presentó un informe donde se argumentaba que la incorporación de los mutualistas al sistema de salud estatal es "razonable" y "viable". Esta integración, según el informe, se realizaría de manera gradual, exceptuando a los pacientes críticos, para los cuales se propondría una renegociación temporal. Asimismo, se indicaba que el modelo de Muface es insostenible en su forma actual, incluso con un incremento significativo en la cápita.

Aunque se contempla la posibilidad de reforzar la financiación para las aseguradoras privadas, se enfatiza que esta opción podría no ser suficiente, ya que las aseguradoras demandan incrementos superiores al 40%, lo que resulta "insostenible" y "inequitativo", dado que sinceramente, tales aumentos no podrían sostenerse en el marco de la provisión pública directa.

La propuesta implica, en consecuencia, una extensión de nueve meses del concierto actual, periodo durante el cual el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encargaría de la atención sanitaria de los mutualistas de Muface, con una integración gradual priorizando a aquellos con patologías crónicas complejas. En lo que respecta a la financiación, se prevé que los fondos destinados a las aseguradoras sean transferidos a las comunidades autónomas, con el objetivo de ser utilizados en el fortalecimiento de sus respectivos sistemas de salud en un marco específico durante los primeros tres años.

La Xunta de Galicia ha manifestado su inquietud ante esta posible transferencia de recursos y ha instado en múltiples ocasiones al Gobierno central a concretar sus planes para garantizar la adecuada prestación de servicios, en un marco de diálogo constante con las comunidades autónomas.

Sanidade ha reafirmado que "no es admisible que el Gobierno central adopte una decisión de esta magnitud sin haberla discutido y acordado previamente con las comunidades autónomas implicadas", subrayando que cualquiera de estas medidas repercutirá directamente en los distintos sistemas de salud públicos administrados por las autonomías.

Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade, ha criticado la "frivolidad" que, a su juicio, demuestra el Gobierno en la gestión de este asunto, sugiriendo que se está llevando a cabo un "debate ideológico entre ministerios". Hasta el momento, la Xunta carece de "comunicación oficial" acerca de los planes del Gobierno respecto a Muface y sostiene que esta incertidumbre no hará más que fomentar confusión y desasosiego entre los afectados.

En esta línea, la Xunta ha comenzado a evaluar el impacto de una posible integración de los mutualistas en el sistema público, resaltando la urgencia de aclarar cómo se llevaría a cabo este proceso, así como su coste potencial.

El pasado 20 de noviembre, el departamento de Función Pública lanzó una consulta preliminar al mercado, otorgando un plazo de diez días a las aseguradoras para que especificaran el precio al cual aceptarían prestar el servicio sanitario de Muface. Esta medida busca proporcionar claridad y transparencia al proceso de licitación.

Al mismo tiempo, sindicatos y movimientos sociales se encuentran divididos ante esta situación. Miguel Borra, presidente de CSIF, ha anunciado una "gran movilización" programada para el 14 de diciembre frente a la Dirección General de Muface en Madrid, clamando por la defensa del concierto sanitario. Borra ha subrayado que el informe presentado por el Ministerio de Sanidad minimiza el hecho de que un porcentaje significativo de trabajadores públicos que dependen de Muface son mayores de 65 años, además de no abordar el tema del copago farmacéutico que enfrentan los mutualistas.

Desde el ámbito del activismo social, se ha criticado la propuesta de incrementar un 40% los fondos que reciben del Estado, considerando que el hecho de buscar evitar la quiebra de estas aseguradoras resulta irónico cuando estas han reportado beneficios significativos en años recientes, con un crecimiento anual de ganancias superior a los 10,000 millones de euros, gran parte de las cuales provienen de seguros complementarios que las personas han contratado como consecuencia de recortes en el sistema de salud pública.

Por otro lado, también se ha cuestionado la continuación de un modelo considerado "heredado del franquismo", argumentando que la gestión de estos recursos debería haber sido parte de un proceso de descentralización que fortalezca las comunidades autónomas y, en consecuencia, Muface podría estar incumpliendo la actual estructura del Estado.

El clamor por finalizar Muface no se detiene en las palabras, ya que la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha instado a organizaciones sociales y políticas progresistas a unirse para presionar por la liquidación de Muface y la transferencia de sus fondos al Sistema Galego de Saúde (Sergas). En este sentido, se enfatiza que el cierre de Muface podría no tener un gran impacto adicional sobre la carga asistencial del sistema sanitario.