Un nuevo capítulo judicial se ha cerrado en el denominado 'caso Nené Barral', con la absolución de los últimos ocho acusados relacionados con este polémico proceso que se remonta a más de dos décadas atrás. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado un veredicto en el que se expresa la insuficiencia de pruebas que inhiben cualquier condena, dejando en el aire las acusaciones que durante años han pesado sobre estos individuos, que incluyen a funcionarios de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil.

El pasado miércoles, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) presentó su fallo sobre los acontecimientos que habían sido objeto de juicio a comienzos de este año, casi 24 años después de la incautación de un importante alijo de tabaco en mayo de 2001 en el puerto de Vigo. Este caso, que ha acaparado la atención pública durante tanto tiempo, ha sido considerado un símbolo del combate al contrabando, aunque la justicia finalmente ha blindado a los acusados frente a las acusaciones que se cursaron contra ellos.

El procedimiento judicial ya había estado marcado por la tragedia, ya que cuatro de los encausados habían fallecido antes de la sentencia, entre ellos el exalcalde de Ribadumia, 'Nené' Barral, quien fue identificado como un principal sospechoso en la operación. Este último había murto a finales de 2023, y su figura, alguna vez vinculada a un cargamento que sobrepasaba las 432.000 cajetillas de tabaco —valoradas en más de 127 millones de pesetas—, se ha convertido en un recuerdo oscuro de esta dilatada historia de contrabando.

A pesar de que se ha dado por probado que el alijo del que se hablaba realmente existió, el tribunal ha confirmado que no se han encontrado pruebas contundentes que vinculen a los ocho acusados presentes en juicio con los delitos que se les imputaban. En su fallo, no firme y con opción a apelación, la Audiencia ha exonerado a los procesados, afirmando que no hay evidencias que respalden su implicación ni en esta ni en otras acusaciones formuladas durante el proceso.

Inicialmente, la Fiscalía había alegado que estos individuos representaban una parte de una organización internacional, solicitando penas de cárcel que oscilarían entre los dos y tres años, junto con multas que podrían alcanzar hasta los 15 millones de euros. Los delitos tipificados incluían el contrabando de tabaco, asociación ilícita y otros crímenes relacionados, lo cual pone de manifiesto la gravedad de los cargos que enfrentaban.

El tribunal destacó que la investigación reveló la existencia de tabaco de la marca Magnum Especial, transportado de forma clandestina entre materiales como madera contrachapada. A raíz de este descubrimiento, se realizaron inspecciones en otros contenedores, lo que subrayó la magnitud del enigma del contrabando de tabaco en este caso.

En este sentido, la ausencia de pruebas que incriminen a los dos funcionarios de Vigilancia Aduanera destinados en A Coruña se ha visto reconocida por el tribunal, puesto que no se ha demostrado que estos oficiales hubieran transmitido información a otro acusado, quien también se encontraba en el banquillo y ya había fallecido en 2019. La falta de vinculación jerárquica o funcional ilícita fue otro de los puntos decisivos en la sentencia.

Asimismo, el tribunal ha exonerado a un guardia civil, reiterando que no se ha podido establecer que este hubiera compartido información relevante obtenida durante su labor formal con otros acusados. La magistratura subrayó que la implicación penal de los cuatro encausados fallecidos queda legalmente extinguida, ofreciendo un cierre a esta larga batalla judicial.

Finalmente, el tribunal ha concluido que la carencia de pruebas en este caso de contrabando de tabaco lleva directamente a la libre absolución de todos los acusados, marcando un hito en un proceso que ha sido criticado por su prolongación y por las dudas que ha generado en torno a la eficacia del sistema judicial en luchar contra tales prácticas delictivas.