La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha emitido un informe vinculante que considera “inadmisible” un vertido relacionado con un controvertido proyecto de planta de valorización de residuos orgánicos en Coeses, una parroquia cercana a Lugo. Este dictamen supone un freno considerable para la iniciativa, aunque la empresa responsable tiene un mes para impugnar esta decisión.

Desde la Dirección Xeral de Calidad e Ambiental e Sostibilidade, integrada en la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, se ha denegado la autorización ambiental al mencionado proyecto, que buscaba transformar residuos en biometano. El organismo encargado ha determinado que el informe de la Confederación Hidrográfica es crucial y, dado su contenido negativo, retrasa cualquier avance de la propuesta.

Fuentes cercanas a la Xunta de Galicia han señalado que la Confederación Hidrográfica había realizado evaluaciones en mayo y septiembre del año pasado, concluyendo que la documentación proporcionada por la empresa era insuficiente para evaluar el impacto del vertido. El informe resaltaba también diversas carencias que necesitaban ser corregidas, especialmente en relación con el caudal y el sistema de depuración planificado.

En un informe previo elaborado por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, ya se advertía sobre la importancia de contar con un dictamen favorable que garantizara la calidad de las aguas del entorno y el cumplimento de los límites en el vertido al arroyo Vilalvita, conforme a las normativas vigentes.

Con la expiración del plazo para que la Confederación emitiera un nuevo informe y tras recibir un dictamen negativo para el proyecto, la Xunta ha decidido denegar la autorización ambiental integrada, dado que no se han presentado nuevos argumentos que favorezcan la iniciativa durante el trámite de audiencia.

La noticia ha sido celebrada por el colectivo 'Lugo non quere cheiros', que ha estado organizando protestas contra este proyecto durante meses. Las movilizaciones también han recibido apoyo de formaciones políticas como el BNG y el PSOE, que han llevado el tema al Parlamento de Galicia, instando a la Xunta a retirar su respaldo a la propuesta.

Julio Rodríguez, presidente del colectivo, ha manifestado que los vecinos están aliviados, aunque permanecen en alerta. "Hemos dado un paso importante, pero no podemos confiarnos del todo, ya que la empresa podría seguir adelante con su reivindicación, especialmente después de haber estado pagando el alquiler de los terrenos durante tres años", ha declarado.

Por su parte, la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, ha subrayado que esta decisión pone en evidencia el poder del movimiento vecinal y la relevancia de la movilización social. También ha expresado su preocupación por que la Xunta priorizara un proyecto que ahora se revela insostenible debido a su impacto ambiental y a las deficiencias técnicas mencionadas en los informes. "Es fundamental que los intereses de la comunidad se sitúen por encima de otras consideraciones en la evaluación de este tipo de propuestas", ha enfatizado.