En un nuevo esfuerzo por regular la movilidad urbana, el Gobierno gallego ha recordado a las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC) las pautas que deben seguir para operar de manera legal en la comunidad. A través de una comunicación dirigida a estas compañías, se les ha enfatizado que sus vehículos no pueden exhibir ningún tipo de publicidad o distintivos que los identifiquen como VTC, además de la obligación de llevar un contrato vigente a bordo.

En lo que va del año, las autoridades han impreso cerca de 250 actas de infracción a los ayuntamientos por irregularidades en la prestación de estos servicios, siendo Santiago de Compostela con 116 infracciones y A Coruña con 112 los municipios más afectados. Asimismo, también se han reportado incidencias en Vigo (17) y Culleredo (2).

El enfoque de esta comunicación no solo busca mantener la legalidad en la oferta de servicios de transporte, sino que también subraya la necesidad de que los usuarios y las plataformas de intermediación, como Uber, Bolt y Cabify, conozcan sus responsabilidades. La ley permite operar estos servicios en el territorio gallego, siempre y cuando se respeten las limitaciones entre los diferentes municipios.

Entre las condiciones que se destacan, se encuentra el imperativo de llevar a bordo del vehículo una copia del contrato, el cual debe incluir información esencial del conductor y el automóvil, así como el número de autorización y detalles sobre el servicio, como el tiempo de inicio, duración y coste.

La normativa también impone la obligación de registrar las actividades en el Registro de Comunicaciones de Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor (RCTV). Este registro debe incluir tanto el contrato como la información sobre el inicio del servicio, además de que las reservas deben hacerse con al menos 15 minutos de antelación.

La Xunta de Galicia mantiene que tiene la autoridad para supervisar y sancionar servicios interurbanos que no cumplan con las regulaciones establecidas. Este control incluye la verificación de los requisitos que marca no solo la ley regional, sino también la legislación nacional que se aplica en estos casos.

Las licencias de los vehículos VTC que operan en Galicia son gestionadas por el Gobierno gallego, en virtud de un traspaso de competencias del Estado. Sin embargo, es importante destacar que estas licencias son de carácter nacional e interurbano, lo que significa que no están habilitadas para realizar trayectos exclusivamente urbanos.

Cuando surgen irregularidades que deben ser abordadas por los municipios, la Xunta se encarga de enviar los reportes correspondientes a los ayuntamientos, ya que son ellos los responsables de aplicar las sanciones pertinentes.

Hasta la fecha actual, la Xunta ha enviado cerca de 250 actas de infracción en colaboración con la inspección de transportes de la Dirección Xeral de Mobilidade y la Guardia Civil, reforzando así el compromiso de que se sigan las reglas y se mantenga la calidad y seguridad en los servicios de transporte de la comunidad.