En un anuncio relevante para la administración pública gallega, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha revelado que el Gobierno de Galicia está en proceso de preparar una nueva ley de Administración Local, cuya previsión de aprobación se ha previsto para el próximo Consello de la Xunta en noviembre.

Calvo ha enfatizado que el propósito principal de esta iniciativa es llevar a cabo una revisión exhaustiva de la legislación actual, subrayando la necesidad de alcanzar un amplio consenso para facilitar la creación de una normativa que beneficie a la ciudadanía. Según sus palabras, “la trascendencia de esta ley demanda que trabajemos juntos para lograr un mejor resultado”.

Durante su intervención ante la Comisión 3ª Economía, Facenda e Orzamentos, el conselleiro no solo se centró en este importante proyecto legislativo, sino que también presentó un desglose detallado del presupuesto de su departamento, que prevé un total cercano a los 585 millones de euros. Calvo destacó la inversión en deportes, la proyección internacional de Galicia y el impulso hacia una movilidad sostenible y accesible.

Además de reconocer el apoyo constante a los municipios, también expandió su perspectiva hacia otras áreas de intervención del Gobierno, como la gestión de emergencias y el desarrollo del transporte. Calvo indicó que seguirán trabajando para aumentar la capacidad de autogobierno, incluyendo la transferencia de la autopista AP-9 y la gestión de permisos laborales y aeródromos, así como la cooperación en temas meteorológicos entre la Aemet y Meteogalicia.

No obstante, el conselleiro también se tomó un momento para abordar la situación de la Unidad de Policía Adscrita, haciendo un llamado a que se llenen las vacantes existentes. En su exposición, destacó que solo hay 339 efectivos disponibles de un total de 500 que se contemplan en el cuadro de personal.

En relación a la escasez de recursos, Calvo relató que tanto él como el presidente Alfonso Rueda han sostenido conversaciones con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Según su testimonio, este se comprometió por escrito a aumentar el número de efectivos en 50 mientras se espera la firma del convenio que regulará esta materia.

El conselleiro también expresó la necesidad de encontrar un “acuerdo intermedio” respecto al convenio existente y el nuevo, aunque expresó su frustración al mencionar la falta de respuesta concreta por parte del Gobierno central. Insistió en que las funciones que el cuerpo policial desempeña actualmente en Galicia no pueden mantenerse con el número actual de agentes, lo que ha llevado a la Xunta a considerar ajustes en sus funciones, incluso implicando el uso de servicios de seguridad privada si no se resuelve la situación pronto.

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, criticó las decisiones administrativas que afectan a la seguridad en la provincia, cuestionando la posibilidad de que empresas de seguridad privada asuman estas responsabilidades. Esta preocupación fue reafirmada por Paloma Castro del PSdeG, quien acusó a Calvo de politicizar la situación sin reconocer que un convenio de cofinanciación podría resolver el problema.

Castro, además, instó al Gobierno gallego a emular las acciones de Andalucía que recientemente acordó la incorporación de más policías adscritos. Subrayó la necesidad de evitar el uso de la UPA como herramienta política, aclarando que desde el Estado hay disposición para firmar el convenio propuesto.

La diputada popular Paula Prado, en respuesta a estas críticas, argumentó que el verdadero obstáculo no reside en los fondos, sino en la refusación del presidente Pedro Sánchez a completar el marco de personal necesario. Rechazó las acusaciones del BNG, sosteniendo que el PP busca un convenio similar al que se firmó entre Marlaska y Ximo Puig, y no el acordado en Andalucía.

Desde el BNG, Iago Tabarés expresó su descontento con los presupuestos presentados, argumentando que son una muestra de la mala gestión del PP y no proponen soluciones reales a los problemas existentes. En particular, resaltó los fallos en el ámbito de la justicia, alertando sobre el colapso actual y la falta de iniciativas para crear nuevas unidades judiciales.

Finalmente, Calvo respondió a estas críticas lamentando que el Gobierno central tomara decisiones unilaterales que complican la situación en los juzgados gallegos, al transformar ciertos juzgados en especializados en violencia de género sin contar con el consenso necesario.