La Xunta eleva a 35 las parroquias en riesgo y retrocede en su meta de proteger 29.000 hectáreas para 2026.

En un contexto marcado por la reciente devastación de incendios en Galicia, la Xunta ha presentado su ambicioso plan antincendios, conocido como Pladiga, que establece un objetivo de no permitir la quema de más de 29.207,4 hectáreas para el año 2026. Esta cifra representa un incremento considerable respecto a la meta de 18.554,5 hectáreas establecida el año pasado, y se funda en la alarmante cifra de 118.763,5 hectáreas quemadas en 2025, el segundo peor dato en la historia regional.

El documento del Pladiga 2026, al que ha accedido Europa Press, está en espera de aprobación por parte del Consello de la Xunta. No obstante, se trata de la meta más alta en la última década, superando incluso las cifras de 2014. Según el análisis, si se consideran los datos más extremos, un objetivo más viable estaría por debajo de las 21.338,8 hectáreas.

Además de la superficie quemada, el plan establece como meta no sobrepasar los 282 incendios, una reducción notable respecto a los 310 reportados en 2025. En términos de situaciones de emergencia, el objetivo es que no se produzcan más de 26 alertas de Situación 2, que se activan ante amenazas a viviendas. Esta meta se presenta en contraste a las 104 activaciones correspondientes al pasado año, que afectaron especialmente a la provincia de Ourense.

Desde el departamento de Medio Rural, se enfatiza la necesidad de avanzar con el anteproyecto de ley contra incendios, el cual ha estado estancado desde su anuncio en 2021 tras los devastadores incendios de 2017. También se propone un innovador proyecto colaborativo con las comunidades locales para mejorar la vigilancia de los montes, que han concentrado el 56% de los incendios de la última década.

La estrategia contempla que los incendios que superen las 25 hectáreas no deben representar más del 2% del total, mientras que los fuegos más pequeños, de una hectárea o menos, se espera que constituyan más del 70% de los incidentes. La reacción ante incendios también se prioriza, con la meta de reducir el tiempo de respuesta a menos de 22 minutos y la extinción a menos de seis horas.

El informe destaca un aumento en el número de parroquias identificadas como de alta actividad incendiaria, que ascienden a 35, la mayoría ubicadas en Ourense. Se han añadido 11 nuevas áreas de alto riesgo, mientras que solo dos parroquias han mejorado su situación y han sido eliminadas del listado de alto riesgo.

Las parroquias de riesgo se definen por tener un promedio de al menos siete incendios anuales en los últimos cinco años o haber sufrido incendios sustanciales en el pasado. A Gudiña se sitúa como el municipio con el mayor número de parroquias de alto riesgo, seguido de A Mezquita y otros municipios de la provincia de Ourense.

En un análisis más amplio, el Gobierno gallego ha reconocido que la campaña de 2025 no cumplió prácticamente ningún objetivo, señalando a los grandes incendios de agosto como la principal causa. Con más de 118.000 hectáreas devastadas, 86% de las cuales en Ourense, el balance es desolador.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que se prevé la incorporación de 42 nuevas brigadas de alto riesgo, lo que significará la inclusión de 168 nuevos efectivos para combatir el fuego. Además, se están fortaleciendo las capacidades del equipo de extinción con más personal y equipos, incluyendo nuevas tecnologías como drones y cámaras de vigilancia.

El nuevo Pladiga también plantea una actuación en 33.880,4 hectáreas para el año 2026, lo que representa un incremento significativo en comparación con los esfuerzos de prevención de 2025. Este plan pone de manifiesto la intención de no solo reaccionar ante los incendios, sino también anticiparse a ellos mediante una mayor preparación y colaboración con las comunidades locales.

La memoria del Pladiga refleja la grave situación ambiental de la región, registrando que un tercio de los parques naturales de Galicia se ha visto afectado por incendios en la última década. Los espacios protegidos han sufrido pérdidas devastadoras, lo que resalta la urgente necesidad de redefinir las estrategias de manejo de recursos naturales y protección del medio ambiente.