La Xunta de Galicia ha tomado una decisión crucial al declarar varios proyectos de interés autonómico, con el objetivo claro de acelerar los plazos necesarios para el inicio de obras de vivienda. Este ambicioso plan permitirá que las promotoras empiecen la construcción de las primeras 15.000 viviendas de protección oficial a partir de 2028, de un total de 20.000 proyectadas para los próximos años.

En una rueda de prensa celebrada el pasado lunes, el presidente gallego, Alfonso Rueda, detalló que esta licitación, que asciende a 2,6 millones de euros, es un paso esencial para la redacción de los proyectos. Según Rueda, el uso de la figura de interés autonómico permitirá "reducir a la mitad" el tiempo del procedimiento y facilitará la simultaneidad de las obras de urbanización y edificación por parte de promotoras privadas.

Las 15.000 viviendas que se planean construir estarán distribuidas en siete municipios, de los cuales seis son grandes ciudades gallegas: Vigo, A Coruña, Santiago, Lugo, Pontevedra y Ourense. Ferrol queda excluido de este ambicioso plan debido a que, según el propio Rueda, cuenta con un suelo "de sobra". Además, se incorporará el municipio de Arteixo, en la provincia de A Coruña, a esta lista de localizaciones beneficiarias del proyecto.

El presidente de la Xunta también subrayó que las áreas destinadas a estos desarrollos han sido consensuadas con los respectivos ayuntamientos. El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ha jugado un papel fundamental en la identificación de las ubicaciones más idóneas y ha llevado a cabo estudios de viabilidad exhaustivos.

Esta licitación forma parte de una estrategia más amplia, la primera fase destinada a incrementar el suelo residencial en Galicia, y se espera que, después de la redacción de los proyectos, los promotores privados puedan adquirir los terrenos necesarios para la construcción de los inmuebles en 2028.

La estrategia gallega contempla un total de 20.000 viviendas de protección oficial, junto con otras 5.000 viviendas de carácter libre. Todo esto representa un paso significativo hacia la duplicación del parque público residencial de la Xunta, que pasaría de 4.000 a 8.000 unidades durante el transcurso de esta legislatura, buscando así atender las necesidades habitacionales de la ciudadanía gallega de manera efectiva.