La Consellería de Facenda ha expresado su preocupación por la ausencia de un tema crucial en la agenda del próximo consejo de política fiscal y financiera (CPFF), que se llevará a cabo el 26 de febrero: la revisión del sistema de financiación autonómica. En lugar de abordar la importante necesidad de reconsiderar cómo se distribuyen los recursos, la discusión se centrará en la condonación de la deuda, un asunto que, según afirman, responde más a los intereses de los socios del gobierno central que a las urgencias de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de febrero. En este encuentro, la Xunta reiterará su demanda de una evaluación más justa del sistema de financiación, enfatizando las particularidades que afectan a Galicia, como la dispersión de la población y el envejecimiento. Según sus estimaciones, la comunidad necesita alrededor de 500 millones de euros adicionales para ajustar estos factores que incrementan los costos de los servicios públicos.

Fuentes de la Consellería han declarado a Europa Press que, tras recibir la convocatoria el pasado viernes, se sienten frustrados al notar que no se discutirá la necesaria revisión del sistema de financiación autonómica. En cambio, lamentan que se prioritice la cuestión de la condonación de la deuda, la cual consideran irrelevante para Galicia, que es una de las comunidades menos endeudadas de España.

El Gobierno gallego, liderado por Alfonso Rueda y su conselleiro Miguel Corgos, ha manifestado en repetidas ocasiones su oposición a esta medida, considerándola una trampa política del Ejecutivo central destinada a asegurar la financiación especial para Cataluña. Según ellos, la condonación de la deuda no solo sería benéfica, sino que podría resultar en un negocio desventajoso para Galicia.

El argumento radica en que la supresión de la deuda transferiría la responsabilidad al Estado, lo que no implicaría necesariamente un beneficio real para la comunidad gallega, cuyas cifras de deuda son considerablemente menores en comparación con otras autonomías.

Pese a ello, la Xunta reconoce que es una "receptora de la bolsa común" y advierte que desacoplarse de esta dinámica podría acarrear pérdidas significativas, estimadas en 2.000 millones de euros, según sus análisis. Esto también alimenta su rechazo al modelo de cupo catalán, al considerar que, en un modelo aplicado a Galicia, implicaría una drástica reducción en sus recursos.

Rueda ha expresado abiertamente su postura, argumentando que defender un sistema que perjudique a Galicia carece de lógica y pone de relieve la desconexión de quienes lo proponen. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había prometido la reunión del CPFF para enero, y tras varios anuncios, se concretó su celebración para finales de febrero.

Desde la Consellería de Facenda, se ha realizado un llamado a la ministra María Jesús Montero, en un intento por insistir en que la revisión del sistema de financiación autonómica debe ser una de las prioridades a tratar en el CPFF. Galicia exige, de manera concreta, la asignación de "alrededor de 500 millones" más dentro de un marco que considere las adversidades locales.

No obstante, la Xunta estima que las particularidades del territorio, como la dispersión poblacional y el envejecimiento de su población, generan un sobrecosto aproximado de 900 millones en la prestación de servicios públicos. Actualmente, sobre 400 de estos millones ya cuentan con algún tipo de cobertura en el sistema vigente.

La semana pasada, en medio de este debate, los representantes del área de hacienda de las comunidades autónomas del PP exigieron al Gobierno una "solución integral" para modificar el sistema de financiación, criticando que el comité técnico que debería evaluar estas cuestiones se haya centrado en un único aspecto, el de la población ajustada, en lugar de abordar temas cruciales como la actualización de las entregas a cuenta o el fondo de nivelación transitorio.