La revisión del Plan Xeral de Normalización emerge como un punto de acuerdo clave en medio de las diferencias sobre el decreto del plurilingüismo de 2010

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct.

La primera ronda de negociaciones para lograr un gran pacto político y social por la lengua, propuesta en mayo por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha dado como resultado un acercamiento significativo entre la Xunta y el PSdeG y Democracia Ourensana.

El BNG, representado en estas discusiones por su líder, Ana Pontón, se ha mostrado más crítico y ha exigido un cambio radical en la política lingüística de la Xunta, que incluye la derogación o reforma del decreto del plurilingüismo aprobado en 2010.

Este intenso pero "fructífero" día de trabajo del conselleiro, acompañado en todo momento por el secretario xeral da Lingua, Valentín García, comenzó por la mañana con una reunión con el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, quien se declara "galleguista convencido".

Sin embargo, fue en la noche, una vez finalizadas las reuniones con los cuatro grupos, cuando José López Campos detalló ante los medios las propuestas para alcanzar este gran pacto en un plazo estimado de "aproximadamente 15 meses", algo que no comparte Pontón debido a la situación "crítica" del idioma.

El análisis inicial lo proporcionan tanto el Consejo de Europa como el Instituto Galego de Estatística (IGE), con informes que destacan la necesidad de promover el idioma gallego en la educación y detener su declive entre los jóvenes.

El conselleiro ha reconocido que los niños "entran a la escuela" hablando gallego o lo aprenden en ese entorno, pero que luego "socializan en castellano". A pesar de esto, ha señalado que el 93% de la población entiende el gallego, el 96% sabe leer en gallego y el 84% sabe escribirlo.

En las reuniones, se ha presentado un documento de unas diez páginas con medidas a largo y corto plazo. La propuesta más destacada, que parece contar con consenso unánime, es la actualización del Plan Xeral de Normalización de la Lingua adoptado en 2004.

López Campos ha confirmado que se propondrá la "actualización" de este documento, que tiene 20 años, y se crearán al menos siete grupos de trabajo sobre distintos ámbitos con expertos de prestigio para consensuar con las diferentes fuerzas políticas. Estos grupos estarán constituidos antes de que termine el año y trabajarán a lo largo de 2025.

Además, la Xunta está dispuesta a que la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias sea el marco de referencia de las negociaciones. A pesar de las críticas recibidas por el Consejo de Europa en su informe de septiembre de 2024, se considera una entidad independiente y de credibilidad.

El documento presentado por el conselleiro también incluye 50 medidas "inmediatas", como promover el neofalantismo, el conocimiento del idioma entre los recién llegados a Galicia y las nuevas tecnologías. También se compromete a aumentar el presupuesto en política lingüística durante la legislatura actual.

Los grupos parlamentarios, a excepción del BNG, no mostraron grandes diferencias de opinión al finalizar sus reuniones. PPdeG, PSdeG y Democracia Ourensana expresaron su satisfacción y disposición a consensuar un pacto social y político.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, se mostró más crítica y exigió la derogación del decreto del plurilingüismo de 2010, que considera mantiene al gallego como una lengua secundaria en la enseñanza. Sin embargo, se abrió a la posibilidad de una reforma.

El PSdeG señaló la importancia de un consenso social en este proceso, mientras que el PP y DO mostraron disposición a dialogar y estudiar las propuestas presentadas. La defensa del gallego como parte integral de la cultura gallega fue un punto clave en las discusiones.

En resumen, el debate sobre la lengua gallega y las medidas para su promoción y protección han sido tema central en las negociaciones entre la Xunta y los partidos políticos de Galicia, en búsqueda de un gran pacto que trascienda lo político y se convierta en un compromiso social sólido.