La Xunta de Galicia destinará cerca de 9.800 millones de euros al gasto social en los presupuestos del año 2024.

La Xunta de Galicia destinará cerca de 9.800 millones de euros al gasto social en los presupuestos del año 2024.

Los sindicatos exigen un plan de acción urgente contra la carestía, otro dirigido a impulsar la industria y el fortalecimiento de los servicios públicos en Galicia.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 de octubre.

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, informó este martes a los sindicatos que los presupuestos de 2024 destinarán casi 9.800 millones de euros al gasto social, "la cifra más alta en la historia de Galicia".

Según un comunicado de prensa emitido después de la reunión, Facenda destaca que la Xunta "reforzará una vez más tanto el gasto social tradicional (sanidad, educación y políticas sociales) como el gasto destinado a fomentar el empleo". Además, añade que esto se ha llevado a cabo "año tras año en los últimos años".

Como es habitual en esta época del año, el titular de la consellería se reunió con representantes de los sindicatos para discutir las principales líneas de los presupuestos del próximo año.

Por su parte, los sindicatos han pedido un plan de acción urgente para combatir la carestía, así como otro plan destinado a fortalecer la industria y a reforzar los servicios públicos, entre otras cuestiones.

En este contexto, Corgos también les ha explicado que los presupuestos del próximo año "consolidarán todas las reducciones fiscales aprobadas hasta ahora por el Gobierno gallego" y además incluirán "nuevas reducciones".

Por un lado, el departamento autonómico señala la reducción del impuesto de transmisiones de vehículos de segunda mano, del 8% al 3%, y la eliminación de este impuesto para los vehículos eléctricos calificados como cero emisiones, así como la reducción del tipo general del ITP (del 9% al 8%) para la compra de vivienda de segunda mano.

Cuando se le preguntó sobre esta reunión antes de participar en una reunión con la junta directiva de la Fegamp junto al vicepresidente primero, Diego Calvo, Corgos hizo una valoración "positiva" del encuentro con los sindicatos y restó importancia al hecho de que se haya llevado a cabo en vísperas de que el Consello de la Xunta apruebe los presupuestos para 2024.

En este sentido, defendió que existe "margen de maniobra" y "debate" para incluir sus propuestas durante el período de tramitación de los presupuestos en el Parlamento autonómico, durante el cual "pueden cambiar las partidas de gasto y los proyectos presupuestarios".

Por parte de los sindicatos, la CIG ha reclamado un plan de choque contra los efectos de la inflación, un plan industrial que contribuya a la recuperación y un plan de vivienda pública.

Además, han pedido la creación de empleo "estable y de calidad", el fortalecimiento de los servicios sociales y la "frenada" de su privatización, entre otras cuestiones.

En representación de la CIG asistieron a la reunión la secretaria de organización, Susana Méndez, el secretario confederal de finanzas, Anxo Noceda, y la responsable del gabinete técnico de economía, Natividade López.

UGT también ha planteado cuestiones coincidentes, ya que su secretario de organización, José Luis Fernández Celis, ha destacado que se necesitan inversiones productivas para reducir la pobreza, la precariedad y el desempleo, así como para impulsar la industria y facilitar el acceso a la vivienda.

En la misma línea, también abogó por fortalecer los servicios públicos "básicos" y crear "empleo de calidad" en el ámbito de la atención a dependientes.

CC.OO., por su parte, ha enviado a su secretaria de empleo, Maica Bouza, quien ha pedido a la Xunta "menos declaraciones y más inversiones". En su opinión, las prioridades deben ser el fortalecimiento de los servicios públicos, un plan de acción urgente contra la carestía y medidas de apoyo a la actividad productiva.

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Bouza ha exigido medidas para los casi medio millón de gallegos que viven con menos de 10.000 euros al año, que carecen de ayudas específicas y sufren las consecuencias de la inflación. También ha mencionado la necesidad de prestar atención a la dependencia en una comunidad "muy envejecida" cuyo gasto público por persona se sitúa 1.276 euros por debajo de la media nacional.

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