La ejecución de los fondos europeos entre 2021 y 2023 muestra resultados preocupantes, con menos del 50% de los recursos utilizados, mientras que los beneficios fiscales han aumentado un 15% sin justificaciones claras. Esta situación ha sido criticada nuevamente por el Consello de Contas en su informe sobre la fiscalización de la Conta Xeral correspondiente a 2023.

En su evaluación, el organismo fiscalizador tacha de "deficiente" la capacidad de la Xunta para gestionar y presupuestar, un reproche que se repite año tras año. Las incongruencias incluyen la transferencia de gastos entre años y un notable aumento en las bonificaciones fiscales que carecen de respaldo justificativo. Además, se destaca que un 20% de los contratos se adjudican sin competencia adecuada entre licitadores.

A pesar de que la Conta Xeral refleja de manera razonable la actividad económico-financiera, el Consello de Contas señala múltiples irregularidades. Estas incluyen una falta de actualización en el marco contable y la controversia respecto a las modificaciones presupuestarias aprobadas sin una financiación clara. Asimismo, se cuestionan las valoraciones contables de activos y de gastos, lo que genera preocupación sobre la transparencia y la precisión de las cuentas públicas.

El informe abarca tanto la administración autonómica como a 70 entidades relacionadas, evidenciando que la praxis habitual de trasladar gastos a ejercicios posteriores sigue siendo una constante. En específico, se advierte que en 2023 se registraron gastos de años anteriores que alteran la correcta representación del resultado presupuestario, dejando una infravaloración significativa.

La falta de una adecuada planificación financiera también se ve reflejada en el aumento del fondo de contingencia, que alcanzó los 187 millones de euros en 2023. Este fondo, en lugar de ser utilizado para emergencias, parece destinada a cubrir gastos corrientes mal presupuestados.

Otro aspecto destacado por el Consello de Contas es la incorrecta contabilización de algunas operaciones, específicamente aquellas que deberían haberse registrado como gastos no financieros en vez de activos. Estas decisiones no solo desvirtúan la realidad financiera, sino que también reflejan una falta de adherencia a las normativas contables.

La situación en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) no muestra mejoras, ya que continúa sin implementar un sistema de contabilidad integral, desatendiendo lo que estipula el plan general de contabilidad pública de Galicia.

En cuanto al presupuesto de 2023, se registró un incremento del 8% en las modificaciones presupuestarias, con una notable subida en los créditos, lo que sigue evidenciando problemas en el uso del programa de imprevistos. Sin embargo, ha habido una mejora en los ingresos, que crecieron un 13,57%, impulsados por recursos del sistema de financiación autonómica.

El panorama de contratación revela que un 20% del gasto, que alcanzó los 735 millones de euros, se realizó sin competencia, lo que comienza a preocupar a los defensores de la transparencia. De este total, más de 81 millones corresponden a contratos menores, blindando un sistema que debería ser más justo y competitivo.

Las subvenciones directas continúan siendo una práctica mayoritaria, aunque se ha disminuido ligeramente su proporción, representando el 52% del gasto en transferencias. Sin embargo, el Consello de Contas advierte sobre la necesidad de reducir estas prácticas y fomentar procesos más transparentes y competitivos.

Aun así, el aumento de los beneficios fiscales en un 14,7%, que asciende a 592 millones de euros, sigue generando controversia. En especial, el impuesto sobre el patrimonio ha contribuido a esta tendencia, pero una vez más, se evidencia una falta de información adecuada sobre estas deducciones.

El informe también trata sobre la ejecución de los fondos europeos Next Generation, con la ejecución acumulada de 2021 a 2023 alcanzando un 46% de los fondos disponibles, lo que plantea dudas sobre la capacidad de Galicia para gestionar estos recursos vitales para el desarrollo. En el caso de los fondos React, la ejecución es superior, llegando casi al 99%.

En términos de personal, las cifras revelan que de los casi 24,000 empleados públicos, un 44,5% son temporales, lo que plantea serias preguntas sobre la estabilidad laboral y el cumplimiento de la ley que busca reducir la temporalidad en el empleo público.

A la Xunta se le presentan recomendaciones que permanecen en el limbo de la gestión pública, desde la necesaria actualización del marco contable hasta la elaboración de sistemas informáticos que permitan una mayor transparencia y control sobre la ejecución del presupuesto.

Finalmente, el informe expresa la necesidad de aceptar nuevas sugerencias para mejorar la rendición de cuentas, además de instar a la Xunta a fijar plazos claros para la presentación de la Conta Xeral y la implementación de un registro de contratos más efectivo, presionando por un cambio que garantice una administración pública más eficiente y responsable.