En un reciente giro de acontecimientos, la Xunta de Galicia ha dado luz verde a un controvertido proyecto minero que afecta a casi 1.000 hectáreas en la comarca de Ordes, en la provincia de A Coruña. La iniciativa, impulsada por la empresa Erimsa, se centra en la extracción de cuarzo y ha recibido la declaración de impacto ambiental necesaria para proceder.

La resolución, publicada en el Diario Oficial de Galicia, establece que este proyecto de mina a cielo abierto puede ser llevado a cabo "siempre y cuando" se respeten una serie de condiciones y se implemente una vigilancia ambiental adecuada. Sin embargo, la decisión ha suscitado inquietudes entre diversos sectores, tras recibir un total de 177 alegaciones por parte de ciudadanos y organizaciones.

Con una inversión que ascenderá a cerca de 6 millones de euros y una proyección de explotación que se extenderá por 30 años, Erimsa ha modificado su plan original para reducir la extensión de la mina en aproximadamente 160 hectáreas y alejarla del río Tambre. Este proyecto busca extraer un total estimado de 384.841 toneladas de cuarzo metalúrgico.

Ubicada en una zona que tradicionalmente se utiliza para la producción agrícola, la empresa ha indicado que se arrendarán fincas para facilitar los trabajos mineros. No obstante, la resolución aclara que los propietarios de estas tierras no podrán acceder a ayudas de la Política Agraria Común (PAC), lo que generará un impacto significativo en la producción ecológica de las parcelas afectadas.

Erimsa también planea utilizar instalaciones previas en su explotación en Frades para el tratamiento del mineral. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de críticas. Organismos como la Dirección Xeral de Patrimonio Natural habían calificado inicialmente de "insuficiente" el informe sobre el ecosistema del área antes de que se añadieran documentos adicionales que abordaban preocupaciones sobre la vegetación y la distancia al río.

A pesar de las objeciones, el Instituto de Estudos do Territorio advierte que la mina se sitúa en terrenos de importante valor agroganadero, aunque señala que no se anticipan cambios drásticos tras la finalización de las actividades mineras, siempre que se implementen las medidas preventivas adecuadas.

Desde el Ayuntamiento de Mesía se ha indicado que parte de la mina está en una zona catalogada como suelo rústico con especial protección agropecuaria. Esta situación ha llevado a que la autorización enfatice la necesidad de "priorizar" la extracción en áreas menos productivas y minimizar el impacto en la agricultura en los primeros cuatro años de operación.

Entre las estrategias para mitigar los riesgos asociados, el Gobierno gallego ha prohibido las actividades de movimientos de tierra durante episodios de fuertes lluvias para prevenir posibles deslizamientos que pudiesen afectar al río. Además, se exigirá que cualquier vertido en aguas cuente con la debida autorización del organismo de cuenca, y se llevará a cabo una vigilancia ambiental constante, incluidos análisis anuales de calidad del agua.

La autorización fue firmada por María José Echevarría, directora general de Calidad Ambiental y Sostenibilidad, y Alejandro Carrera, subdirector general de Evaluación Ambiental, quienes también habían otorgado una declaración de impacto ambiental a otro proyecto en Palas de Rei, lo que evidencia un patrón en la gestión de estos proyectos en la región.