La Xunta apela ante el Tribunal Supremo una sentencia que amplió el permiso de paternidad de un trabajador público a 22 semanas

La Xunta apela ante el Tribunal Supremo una sentencia que amplió el permiso de paternidad de un trabajador público a 22 semanas

El Gobierno gallego ha ratificado su recurso al Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que permite a un empleado público disfrutar de seis semanas adicionales de permiso por paternidad, en igualdad de condiciones con las madres biológicas. Según fuentes de la Consellería de Facenda, se trata de un fallo que no afecta a todos los empleados públicos, sino a un caso concreto, y se busca dar seguridad jurídica y cumplir con la normativa vigente.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la resistencia de la Administración gallega a reconocer la igualdad de derechos en la duración del permiso por nacimiento. El sindicato exige que el nuevo derecho reconocido en la sentencia se aplique a todo el personal de la Xunta, y critica la estrategia de la Administración de recurrir al Tribunal Supremo para ganar tiempo.

El CSIF anima a todos los padres o madres no biológicas a presentar solicitudes para prolongar el permiso en caso de que el hijo aún no cumpla 12 meses, o disfrutar de las 22 semanas si el nacimiento se produce más adelante. Además, señalan que es un derecho que debe reclamarse en el primer año de vida del menor para no perderlo, y critican la actitud de la Xunta, que primero legisla sin tener en cuenta la discriminación en materia de igualdad y luego se niega a extender un derecho que promueve la corresponsabilidad en los cuidados y crianza.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, emitida el 6 de junio, estima el recurso de suplicación de un trabajador del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar y declara su derecho a disfrutar de seis semanas adicionales de permiso por nacimiento, contraviniendo la normativa gallega. El fallo se basa en que el artículo 124.1 de la ley de empleo público de Galicia es contrario a una directiva europea sobre conciliación, que aboga por un reparto igualitario de las responsabilidades en el cuidado. También considera que el precepto de la ley gallega de empleo público viola el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.

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