La Xunta afirma que no pagará a los Franco, pero el pleno se cierra sin resolución sobre Meirás.

El debate en la Cámara gallega concluyó sin discusión sobre la controversia que rodea al Pazo de Meirás y su futuro. Aunque el Bloque Nacionalista Galego (BNG) intentó impulsar una declaración institucional para gestionar este emblemático edificio tras su retorno al dominio público, no se logró el consenso necesario entre los diferentes grupos parlamentarios.

Al concluir la sesión, el BNG emitió un comunicado donde denunciaron que el Partido Popular (PP) había bloqueado su propuesta. A pesar de que los nacionalistas estaban dispuestos a modificar ciertos puntos del texto, la falta de acuerdo finalmente impidió la votación.

El BNG se opone a la indemnización de los herederos de Francisco Franco, tal como establece la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ordena la devolución del Pazo al Estado. Un aspecto crucial de la propuesta del BNG era convertir el pazo en un espacio dedicado a la memoria democrática de la comunidad, un punto que el PP desestimó.

Por su parte, los miembros del Partido Popular han respondido negando cualquier veto y afirmando que las negociaciones habían avanzado considerablemente. No obstante, reiteraron su preferencia por un enfoque que favorezca un traspaso de gestión articulado por la Xunta, conforme a un acuerdo parlamentario que resalte la importancia histórica del lugar, discrepando así de la propuesta nacionalista de una cesión más directa.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha indicado que la administración está desarrollando un plan de usos que honre la historia del Pazo de Meirás, incluyendo el legado de Emilia Pardo Bazán, la autora que impulsó su construcción, así como la compleja trayectoria que llevó el inmueble a manos del dictador.

Los socialistas del PSdeG también alzaron la voz en el debate, afirmando que sus propias propuestas fueron censuradas, especialmente aquellas que abogaban por una investigación sobre el expolio cometido por la familia Franco en Galicia. Armando Ojea, un parlamentario de Democracia Ourenana, se mostró abierto al diálogo y al apoyo a la iniciativa del BNG.

La tensión aumentó durante el intercambio entre Luís Bará del BNG y el conselleiro de Cultura, José López Campos, quien criticó la "crispación" y la dificultad de llegar a acuerdos con los nacionalistas. A lo largo del debate, Bará enfatizó su oposición a indemnizar a los herederos del dictador, sugiriendo que la ideología del PP refleja una cercanía con la ultraderecha.

Bará reclamó la cesión del Pazo para su uso como espacio de memoria, dejando clara su postura de que no se debe proporcionar apoyo financiero a la familia Franco. Criticó además la decisión de una comisión de expertos que reconoció derechos de indemnización a los herederos, advirtiendo que este tipo de errores puede resultar muy costoso para la sociedad.

El conselleiro López Campos contrarrestó las afirmaciones del BNG, argumentando que los nacionalistas a menudo presentan obstáculos para llegar a acuerdos significativos. Defendió que la Xunta se adherirá a las decisiones judiciales y no está dispuesta a indemnizar a la familia Franco, aunque sí apoyará las acciones del Estado en este contexto.

López Campos también hizo hincapié en la importancia de la separación de poderes, sugiriendo que el BNG se contradice al criticar un informe anterior que ellos mismos apoyaron, que incluía la posibilidad de indemnización. En respuesta, Bará le recordó los sucesos recientes en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, insinuando que la separación de poderes está siendo socavada por el PP.

La socialista Paloma Castro previamente había instado a la Xunta a cumplir con la ley de memoria histórica, pidiendo la creación de un Consello da Memoria de Galicia que reconozca el papel esencial de las mujeres en la historia. Además, solicitó un plan de usos para el Pazo que promueva una visión democrática y resalte la relevancia de Emilia Pardo Bazán como figura clave en el feminismo.

El conselleiro, en defensa de las acciones del Gobierno, subrayó que no existe un desacuerdo verdadero en cuanto a la memoria histórica y reclamó que la Xunta sea incluida en la planificación de actos relacionados con la memoria. Desde la Xunta se ha enfatizado la urgencia de que el Gobierno central inicie la rehabilitación del Pazo de Meirás, viendo este paso como esencial para que la Xunta pueda asumir su gestión.

Finalmente, subrayaron la necesidad de que el espacio esté abierto a la ciudadanía, lamentando que no se hayan restablecido las visitas públicas desde hace seis años. Dicha apertura sería un deber legal, dado que el Pazo es un Bien de Interés Cultural. Los trabajos para elaborar un nuevo plan de usos están ya en marcha, buscando un enfoque que cuente con la colaboración de todas las administraciones involucradas, incluyendo al gobierno y al ayuntamiento local.