VIGO, 20 de noviembre.

La Xunta de Galicia ha tomado cartas en el asunto y ha comenzado con carácter urgente los trámites necesarios para la sustitución de dos válvulas en la presa de Eiras, que es fundamental para el suministro de agua a Vigo y su área metropolitana, afectando a unas 400.000 personas. Sin embargo, no se descarta que el Gobierno gallego exija responsabilidades a Aqualia, la empresa encargada de gestionar esta infraestructura, que no reportó los problemas detectados.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, compartió con los medios su preocupación por la grave situación que enfrenta la región, la cual, según afirman los técnicos de Augas de Galicia, podría haberse evitado con una atención adecuada. Este contratiempo representa un desafío importante para la administración gallega.

Vázquez aclaró que la empresa responsable de la gestión del embalse no ha podido realizar un trabajo completo desde su contratación, ya que hasta este año las gestiones se vieron obstaculizadas por la negativa de Aqualia a permitir el acceso a las instalaciones. Es importante destacar que desde 2023, el Ayuntamiento asumió el control exclusivo de las válvulas en cuestión.

En abril, se identificó un daño inicial en una de las válvulas, y aunque se sugirió abrirla parcialmente, los problemas no se consideraron críticos para el suministro de agua. Sin embargo, en octubre se registraron daños mucho más severos en esa válvula y otra que se encontraba en un estado deplorable.

La conselleira criticó la gestión de Aqualia, al indicar que los retrasos y la desidia de la empresa han llevado a la situación actual, subrayando que la propuesta del alcalde, Abel Caballero, de reemplazar cada válvula por 50.000 euros, es irrealista. "La cifra real asciende a casi 2 millones de euros y la duración de las obras será de varias semanas, no solo de 48 horas", declaró.

Para mitigar el problema inmediato, se implementará un bypass que asegure el suministro mientras se instalan las válvulas definitivas. Ángeles Vázquez también hizo hincapié en que, a principios de octubre, el alcalde ya tenía conocimiento de las fugas en la presa, lo que añade más gravedad a la situación.

Respecto a la posibilidad de reclamar responsabilidades, Vázquez enfatizó que el alcalde debería reconocer que esta situación no es reciente, dado que el Ayuntamiento ha estado envuelto en disputas legales sobre la titularidad del embalse, con múltiples sentencias judiciales que favorecen a la Xunta. "Es esencial que el alcalde no intente trasladar el costo de los arreglos a los ciudadanos de Vigo o a otros municipios", insinuó la conselleira.

Vázquez se comprometió a que la Xunta abordará el problema de manera inmediata, pero también anunció que se analizarán las responsabilidades una vez que se estabilice la situación. "Lo más urgente ahora es que la población no se quede sin agua", reiteró con firmeza.

La conselleira también advirtió que la situación actual no puede continuar, instando a una colaboración más efectiva entre los municipios implicados para solucionar los problemas de abastecimiento. Propuso la creación de una mancomunidad para ello.

Enfatizó que la falta de acceso a la presa durante años, que fue gestionada por el Ayuntamiento, contribuyó al estado actual. "Los ingenieros indican que estos problemas pudieron evitarse. La concesionaria no debería haber ocultado información a Augas de Galicia", concluyó Vázquez.

Por otro lado, al ser consultada sobre la construcción de un nuevo embalse como solución adicional, Vázquez aclaró que existe un plan que contempla diversas estrategias para garantizar el suministro de agua ante situaciones de sequía. Esto incluye la búsqueda de fuentes de agua subterránea y el análisis de su viabilidad, aunque reconoció que no hay espacios naturales lo suficientemente grandes para satisfacer las necesidades de agua de Vigo y su área.

En el caso de Vigo, denunció que, a pesar de la obligación legal del Ayuntamiento de informar sobre fugas en el sistema, estas no se están comunicando de manera adecuada. Según estándares europeos, las pérdidas de agua no deberían superar el 20%, mientras que en algunas áreas se han detectado porcentajes que superan el 50%. Vázquez finalizó aclarando que la planificación autonómica no contempla actualmente la construcción de nuevos embalses.