La presidenta del Contencioso del TSXG destituye al juez Villares de la sección de energías eólicas.
El reciente nombramiento de María Azucena Recio González como presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha generado un gran revuelo en el ámbito judicial gallego. Recio ha tomado la decisión de desplazar de forma obligatoria al juez Luís Villares, conocido por haber frenado numerosos proyectos eólicos en la región, asignándolo a la sección cuarta, al tiempo que también reubica a la magistrada María Dolores López López. Este movimiento ha levantado sospechas sobre el trasfondo político que podría esconderse detrás de esta reestructuración.
De acuerdo con un documento datado el 12 de marzo de 2025, que ha sido obtenido por Europa Press, la nueva presidenta justifica estas acciones tras considerar que, según sentencias del Tribunal Supremo, el derecho a un juez imparcial de Villares ha sido vulnerado. Este obstáculo a su imparcialidad se relaciona, según el Supremo, con su historia como líder de En Marea, lo que plantea serias interrogantes sobre su capacidad para juzgar sin sesgos.
La curiosidad aumenta al notar que Recio logró el puesto al cual también aspiraba Villares, y ahora señala que su falta de imparcialidad, objeto de análisis por el Tribunal Supremo, es razón suficiente para llevar a cabo su remoción. En su exposición, Recio apunta que la reestructuración es necesaria para mejorar la eficiencia de la Sala considerando la carga de trabajo actual, mientras que su decisión es cuestionable dado el delicado equilibrio que debe existir en la composición de los tribunales.
Esta acción también implica el traslado de López López, quien se une a esta reestructuración en un intento de balancear las secciones del tribunal. Sin embargo, esta acción ha sido considerada alarmante por diversas organizaciones y expertos en la materia, quienes ven en ella un peligro para la independencia judicial. En especial, Juezas y Jueces para la Democracia han expresado su inquietud por lo que consideran una “reestructuración radical” que podría comprometer la estabilidad y autonomía judicial.
Los antecedentes son relevantes pues en enero, el Tribunal Supremo anuló sentencias relacionadas con el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, citando nuevamente dudas sobre la imparcialidad de Villares como razón principal. Este contexto ha intensificado las críticas y la presión mediática que ha enfrentado la sección en la que trabajaba, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a la situación.
Jueces y Jueces para la Democracia han reaccionado con preocupación ante estos movimientos que, a su juicio, no solo desmantelan la estructura de una sección clave, sino que también socavan la promesa de inamovilidad en el desempeño de la función judicial. Hacen hincapié en que se ha hecho un traslado forzado de magistrados sin los debidos procesos ni consultas previas, lo cual va en contra de las prácticas comunes aceptadas en el ámbito judicial.
Además, se resalta el hecho de que los nuevos magistrados carecen de la experiencia específica necesaria para manejar los casos que se ventilaban en la sección tercera, lo que podría generar ineficiencias en el funcionamiento de ambos grupos. Este cambio, por decirlo de alguna manera, refleja la tensión política existente en torno a la cuestión de los parques eólicos, donde varios funcionarios de la Xunta han mostrado sus reservas hacia las decisiones judiciales previas.
Finalmente, expertos advierten que estas maniobras no solo pueden poner en riesgo la integridad del Tribunal, sino que también representan una amenaza para la independencia de todos sus miembros, quienes ahora pueden sentirse intimidados por la posibilidad de ser trasladados de forma arbitraria como consecuencia de sus decisiones judiciales. Esta situación pone en tela de juicio la salud del sistema judicial en Galicia y la confianza de la ciudadanía en una justicia verdaderamente imparcial.