Los miembros del Partido Popular (PP) defienden con vehemencia la legalidad de las recientes modificaciones normativas, frente a las críticas de una oposición que las califica de "antidemocráticas" y de originarse tras una insinuación de la patronal del sector eólico.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el Partido Socialista de Galicia (PSdeG) se han alzado en contra de la ley de acompañamiento que acompaña los presupuestos gallegos para 2025, a la que consideran un "desastre" por modificar numerosas leyes "sin el debido proceso". Resaltan la ironía del entramado legislativo creado por el PP, que presentó una "autoenmienda" de 128 páginas, lo que muchos consideran un acto de desespero.

Durante la sesión plenaria de este lunes en el Parlamento, el PPdeG desestimó las enmiendas a la totalidad de esta ley, la cual avanza hacia su aprobación prevista para el próximo mes. Tanto el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, como el diputado popular Julio García Comesaña, argumentaron que estas reformas están justificadas y respaldadas por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, las diputadas Olalla Rodil (BNG) y Patricia Iglesias (PSdeG) no se contuvieron en sus críticas hacia la ley de acompañamiento, centrando sus ataques especialmente en los cambios relacionados con la normativa de energía eólica y la regulación de la vivienda.

Miguel Corgos defendió las modificaciones introducidas como necesarias para fomentar el alquiler de viviendas y para establecer un nuevo marco para la energía eólica que asegure la instalación de mayor potencia en menor superficie, lo que, según él, beneficiará tanto a las empresas como a la ciudadanía con tarifas más accesibles.

Sin embargo, Olalla Rodil calificó la ley como un "escándalo democrático" y un "absoluto despropósito", describiendo la metodología legislativa como "inaceptable" y que resulta en una "inseguridad jurídica" perjudicial para la sociedad.

Rodil alertó sobre cómo esta "estrategia legislativa encubierta" permite implementar políticas dañinas sin el adecuado debate democrático, sin suficiente transparencia y sin el análisis de consejerías especialistas en la materia.

La diputada nacionalista subrayó que son muchas las modificaciones que están motivadas por intereses económicos que buscan avanzar "sin llamar demasiado la atención". Afirmó que se ha escuchado a la patronal del sector eólico, lo que ha facilitado que se permita la instalación de parques eólicos no regulados por el plan sectorial, además de superar decisiones judiciales que prohíben ciertas operaciones, y la posibilidad de que se levanten aerogeneradores de 200 metros a menos de 500 metros de las viviendas.

Asimismo, Olalla criticó la propuesta de crear "hostales" para jóvenes y la decisión de ofrecer ayudas a quienes posean múltiples propiedades para poner en alquiler a precios que exceden el importe medio en Galicia, lo que considera un "escándalo".

Patricia Iglesias, también del PSdeG, no tardó en señalar que la multitud de modificaciones sin un rumbo claro encarnan un "atropello antidemocrático", destacando que más de 50 reformas legislativas se introducen de forma inesperada y sin consulta previa.

La diputada socialista se mostró asombrada por el "desprecio absoluto al proceso democrático", refiriéndose a la reciente autoenmienda del PP como un "hecho sin precedentes" en términos de ridículo legislativo.

En su intervención, Iglesias atribuyó estas decisiones a la priorización de intereses privados y a las grandes constructoras, lo que ella considera un fenómeno típico de la "derecha neoliberal". La política eólica "Frankenstein", como la ha llamado, ha acumulado tantas modificaciones que genera un estado de "inseguridad jurídica" palpable.

En defensa de la legalidad de las acciones del PP, Julio García Comesaña argumentó que estas reformas son completamente legítimas, indicando que incluso el presidente Pedro Sánchez incorpora cambios en diferentes leyes sin problema, mientras que calificó como verdadera "infracción democrática" la adopción de 149 decretos leyes.

Comesaña destacó que desde la presentación de la ley en octubre, el BNG, el PPdeG y el PSdeG han aportado un total de 173 enmiendas, y reprochó a la oposición el hecho de hablar de un debate "hurtado".

Aseguró que el proyecto brindará "mayor seguridad jurídica" para el sector eólico, incrementará la disponibilidad de vivienda en alquiler y legalizará la tasa turística que el Concello de Santiago ha estado solicitando. Hizo un llamado al diálogo y la colaboración para lograr un marco legislativo más constructivo.

Una de las enmiendas más controvertidas es la que permitiría la "re-tramitación" más sencilla de parques eólicos que actualmente se encuentran parados por cuestiones judiciales. También se está considerando la obligación de que el 50% de la energía generada se venda a empresas gallegas, junto con la introducción de un nuevo canon eólico que no entrará en vigencia hasta 2026.

Además, el PPdeG ha propuesto que los propietarios de viviendas vacías en Galicia puedan deducir 500 euros en su declaración del IRPF, siempre que el alquiler mensual no supere los 700 euros. También habrá una deducción del 15% para quienes adapten inmuebles para arrendar, con el objetivo de aumentar en el mercado más de 1.000 viviendas.

Por otro lado, las modificaciones también darán paso a la creación de una tasa autonómica destinada a las estancias turísticas, que será opcional para los municipios y oscilará entre 1 y 2,5 euros por estancia, exigiendo una serie de condiciones y exenciones, con el objetivo de que el 80% de los ingresos recaudados se dediquen al desarrollo del turismo sostenible en la comunidad.