En Santiago se llevó a cabo una concentración el pasado lunes en apoyo al hombre multado por exigir que se le atendiera en gallego en un ambulatorio de Rianxo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun.
Cerca de treinta personas se manifestaron en los juzgados de Santiago para respaldar al hombre multado por exigir ser atendido en gallego en un centro de salud de Rianxo (A Coruña). La multa, recurrida en vía judicial, es vista por A Mesa pola Normalización Lingüística como un ejemplo de la "clara connivencia" entre la Xunta y el Estado para negar el derecho a comunicarse en la lengua propia de Galicia y amedrentar a quienes reclaman sus derechos lingüísticos.
La audiencia judicial en los juzgados de la capital gallega analizó este lunes el recurso presentado por Xosé Agrelo contra la multa de 600 euros impuesta por exigir atención en gallego durante un cribado de covid-19 en Rianxo.
Después de agotar la vía administrativa, la multa, ya abonada pero solicitada a revocar por la defensa financiada por A Mesa, se argumentó por la Subdelegación del Gobierno como un asunto de "orden público" denunciado por la Policía Local, desligado de cuestiones lingüísticas.
Previo a la vista judicial, Agrelo agradeció el respaldo de las personas convocadas por A Mesa pola Normalización Lingüística. El presidente de la asociación, Marcos Maceira, denunció a los medios que en el caso de Rianxo se combinan la falta de vigilancia de los derechos lingüísticos por parte de las administraciones y la intimidación por parte de Xunta y Estado hacia quienes desean utilizar el gallego en los servicios públicos.
En este sentido, Maceira aseguró que la Xunta continúa denegando el derecho a usar el gallego en la administración autonómica, con la complicidad del Gobierno central para presionar a quienes reclaman ser atendidos en gallego.
"No toleraremos esto. Que tomen nota el señor Rueda, el conselleiro de Cultura e Lingua, el delegado del Gobierno y el ministro del Interior", advirtió el presidente de A Mesa, comprometiéndose a responder frente a cualquier caso de represión por el uso del gallego en el año 2024.
Maceira mencionó otro incidente reciente en Pontevedra por cuestiones lingüísticas y anunció un juicio en Ourense en julio contra un grupo de personas acusadas de defender la normativa sobre la toponimia.
"Tenemos una lengua propia y queremos vivir en ella. Este es un derecho humano reconocido a nivel internacional, que el Estado Español y la Xunta de Galicia deben garantizar siempre", concluyó Maceira.
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