Un reciente fallo del Tribunal Supremo en la Sala de lo Militar ha confirmado la medida tomada por el Ministerio de Defensa, que decidió expulsar de sus funciones a un miembro de la Guardia Civil en Lugo, tras haber sido hallado culpable de agredir a su pareja.

La sentencia, que fue revelada por el medio digital 'praza.gal' y a la que se tuvo acceso a través de Europa Press, data del 2 de octubre y rechaza el recurso presentado por el agente, quien ya enfrenta una condena firme por delitos de amenazas y violencia de género de manera habitual.

Los detalles que se incluyen en el fallo judicial confirman que, mientras se encontraba en un vehículo oficial en el ejercicio de su función, el individuo protagonizó una discusión con su pareja. Durante el altercado, se le acusa de haber tirado del cabello de la mujer y de haberla golpeado en una pierna, lo que le causó un hematoma.

Tras este incidente, la mujer decidió poner fin a la relación, aunque se señala que continuaron teniendo ciertos contactos. Desde su ruptura, el hombre decidió enviarle numerosos mensajes con la intención de intimidarla, utilizando frases denigrantes como "tú tranquila, zorra de mierda" y "no descansaré hasta verte arrastrada".

El documento judicial también revela que el acusado aprovechó su acceso privilegiado a las bases de datos de su puesto para obtener información personal sobre la víctima, una violación grave de la privacidad que agrava su situación.

El Tribunal desestimó los argumentos presentados por el guardia civil en su defensa, incluyendo su intento de minimizar el impacto del caso al señalar que no había generado "alarma" en la comunidad a pesar de su cobertura mediática.

Finalmente, el fallo subraya que la decisión de apartarle del servicio es completamente adecuada y justificada en términos de proporcionalidad, teniendo en cuenta el daño potencial a la imagen y reputación del cuerpo de la Guardia Civil. Se enfatiza además la gravedad de su comportamiento, que contraviene los deberes fundamentales que se esperan de un miembro de esta institución.

La sentencia reafirma la incompatibilidad del acusado para seguir formando parte de la Guardia Civil, dado el incumplimiento flagrante de las normas y estándares de actuación que deben regir la conducta de sus miembros, y pone de relieve la importancia de limpiar las instituciones de cualquier comportamiento que pueda manchar su integridad y confianza pública.