La Fiscalía Provincial de Pontevedra ha decidido presentar una denuncia ante el juzgado correspondiente en relación con el presunto pago de un rescate de casi 200.000 euros por parte del Ayuntamiento de Cangas. Este pago se habría realizado tras un ciberataque que afectó a los sistemas informáticos municipales en mayo de 2023. La Fiscalía sospecha de delitos como prevaricación, malversación, daños informáticos y coacciones.

La investigación de la Fiscalía comenzó en marzo de 2024, luego de que el grupo municipal del PP presentara una denuncia. Posteriormente, el partido Alternativa dos Veciños de Cangas, liderado por la exalcaldesa Victoria Portas, se unió a la denuncia. Portas era la alcaldesa en el momento del ciberataque.

Los denunciantes expresaron dudas sobre un contrato con una empresa informática, ya que sospechaban que el dinero se destinaba al pago de un rescate a los responsables del ciberataque, a pesar de que el contrato se refería a "servicios de auditoría de descifrado y recuperación de ransomware".

El ciberataque ocurrió en mayo de 2023 y fue denunciado por la entonces alcaldesa, Victoria Portas. Poco después, un nuevo gobierno municipal encabezado por Araceli Gestido (BNG) contrató a una empresa por algo más de 5.000 euros para analizar los sistemas afectados. Sin embargo, la empresa no logró resolver el problema.

Un mes después, y mediante una contratación urgente, se volvió a contratar a la misma empresa por un monto de 197.843 euros para "servicios de auditoría de descifrado y recuperación de ransomware". Tras la firma del contrato, se logró desencriptar la mayoría de los archivos afectados. La empresa emitió un informe, sin fecha ni firma, en el que admitía haber negociado con los autores del ciberataque y haber pagado el rescate en bitcoins.

Tras solicitar documentación al Ayuntamiento y a la empresa, y tomar declaraciones a varios implicados, la Fiscalía ha determinado que hay indicios de que los responsables municipales sabían que el contrato tenía la finalidad de pagar el rescate acordado con los delincuentes.

El representante del ministerio público argumenta que volver a contratar a la misma empresa después de su fracaso en el primer intento de solucionar el problema no es lógico. Además, señala que la factura de 197.000 euros fue emitida un día antes de que se resolviera la adjudicación, y que el pago se realizó el mismo día de la adjudicación, a pesar de que el contrato tenía un plazo de ejecución de 3 meses.

Además, se descubrieron otras facturas pagadas por el Ayuntamiento a la empresa informática, que luego fueron anuladas y contabilizadas con los mismos importes pero eliminando la palabra "negociación" del concepto.

La Fiscalía también destaca que los movimientos en la cuenta donde se hizo el pago revelan una rapidez que sugiere que el precio del rescate ya estaba acordado previamente. En conclusión, los hechos podrían constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos, además de posibles delitos de daños informáticos y coacciones.

Ante esta situación, la Fiscalía ha decidido archivar las diligencias de investigación y presentar una denuncia ante el juzgado competente para que se investiguen los hechos en profundidad.