La Fiscalía apela la sentencia del caso Karar para modificar las sanciones económicas y la pena de prisión de un condenado.

VIGO, 25 de marzo. La Fiscalía ha decidido presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, con el objetivo de rectificar la sentencia que condenó a 26 personas implicadas en el desembarco de cocaína a bordo del buque MV Karar. Entre los condenados se encuentra Juan Carlos Santórum, originario de Arousa, así como otros individuos cercanos a él. Este recurso se centra principalmente en la reevaluación de las multas impuestas y la pena de prisión de uno de los acusados, sin cuestionar los hechos probados ni la responsabilidad penal de los involucrados.

Según información proporcionada por el ministerio público, la Fiscalía busca corregir lo que considera errores en el establecimiento de las multas. Argumentan que la sentencia anterior no refleja adecuadamente el monto de las sanciones económicas, señalando que las multas deben estar dentro de un rango que no debe bajar de 146,3 millones de euros y tampoco exceder los 438,9 millones. De acuerdo a la normativa, las multas no deberían sobrepasar los 400 millones de euros, el límite fijado por las acusaciones.

Con estas consideraciones, la Fiscalía solicita que se efectúe un ajuste a las multas de acuerdo con los límites legales, sugiriendo que se impongan generalmente dos multas: una de 400 millones de euros y otra que se corresponda al valor de la droga confiscada. Esta propuesta se fundamenta en las directrices establecidas por el Tribunal Supremo sobre la proporcionalidad de las penas en estos casos.

En cuanto a las penas de prisión, aunque la Fiscalía no ha apelado en términos generales, sí ha cuestionado la condena de uno de los procesados debido a un error en el cálculo de la pena. Se refiere específicamente a Sergio F.O., sentenciado por tráfico de drogas y contrabando, quien recibió 9 años y un día de prisión, mientras que la Fiscalía sostiene que la pena mínima debería ser de 9 años y seis meses.

La sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial se produjo tras el extenso juicio sobre las 4 toneladas de cocaína que el buque MV Karar transportó, un evento que tuvo lugar en abril de 2020. Juan Carlos Santórum fue considerado el líder de la red que iba a recibir este alijo, recibiendo una condena de 13 años de prisión.

Además, la Audiencia dictó penas de 10 años de prisión (10 años y 9 meses para un reincidente) a otros miembros del entorno de Santórum que participaron en la operación de narcotráfico. También se impusieron 7 años de prisión a un empresario del sector naval y 6 años a los tripulantes del MV Karar, uno de los cuales, un gallego, se benefició de la atenuante por confesión tardía.

El tribunal ha determinado que Santórum lideraba una organización dedicada al tráfico marítimo de drogas y su posterior comercialización, siendo apoyado por siete coacusados, entre ellos Emilio Xosé R.C. y los hermanos Pablo y Marcos G.V., entre otros.

El grupo operaba desde varias naves ubicadas en Sanxenxo, O Grove, Vilanova de Arousa y Tomiño, donde preparaban embarcaciones rápidas para el traslado de la droga. Según la sentencia, la organización se había comprometido a recibir un cargamento de 3,8 toneladas de cocaína que el MV Karar transportaba hacia el Puerto de Vigo.

Dentro del 'clan' de Santórum, solo se exculpó a un miembro, Ricardo S.N., hermano del líder, quien solo tuvo participación en reuniones previas a la judicialización del caso. En cuanto a otros tres acusados, un exfuncionario de Aduanas, su esposa y un ciudadano colombiano, la Audiencia concluyó que no había pruebas suficientes de su participación en el transporte de la droga, aunque sí constataron vínculos entre el exfuncionario y Santórum.

El tribunal estableció que Pablo S.V. había facilitado información a Santórum desde su cargo en Aduanas y había colaborado en la venta de drogas, pero no encontraron pruebas suficientes para conectar su actividad al alijo del MV Karar. Sin embargo, sí le imputaron un delito de tráfico de drogas y otro por blanqueo de capitales. Este exfuncionario fue arrestado en junio de 2020 en Madrid tras una reunión con su esposa y René R.R., donde se detectó la transferencia de 368.000 euros y la posesión de 4 kilos de cocaína de alta pureza en su hogar.

Por su participación, la Audiencia condenó a René R.R. a 8 años de prisión, sumando agravantes de reincidencia y una multa de 1,3 millones de euros. Pablo S.V. recibió una pena de 7 años y medio y una multa de 736.000 euros, además de otros cuatro años y casi un millón por blanqueo de capitales. Su esposa, Mónica F.L., fue condenada a 2 años de prisión y multa de medio millón de euros, aunque la Audiencia no encontró pruebas de su implicación en el tráfico de drogas, pero sí consideraron que tuvo conocimiento de la naturaleza ilícita del dinero con el que realizaron diversas compras.