La deuda gallega alcanza los 12.010 millones en 2025, pero su proporción respecto al PIB disminuye al 13,9%.

El cierre de 2025 marca un hito significativo para Galicia en su situación de deuda. A pesar de superar el umbral del 13% establecido por la Ley de Estabilidad, esta cifra se sitúa en el 13,9%, representando el valor más bajo desde 2011, lo que indica un avance en la gestión fiscal de la comunidad autónoma.

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 31 de marzo.

Al finalizar 2025, la deuda acumulada de Galicia alcanzó los 12.010 millones de euros, lo que implica un ligero aumento de 74 millones en comparación con el año anterior, es decir, un 0,6%. Sin embargo, el porcentaje que representa esta deuda con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) ha experimentado una caída significativa, pasando del 14,6% en 2024 al 13,9% actual, de acuerdo con los datos que el Banco de España ha hecho públicos recientemente.

Comparando con el tercer trimestre de 2025, la deuda se redujo en 41 millones respecto a los 12.051 millones registrados anteriormente, cuando representaba el 14,2% del PIB. Este descenso resalta un esfuerzo por controlar la carga de la deuda en un contexto económico desafiante.

A pesar de estar por encima del umbral del 13%, el dato gallego es notablemente más bajo que el promedio nacional de las comunidades autónomas, que se sitúa en un preocupante 20,2%. Solo Navarra, Canarias, Madrid, País Vasco y Asturias logran mantener niveles de deuda por debajo de Galicia, evidenciando una clara disparidad en la gestión fiscal entre las diferentes regiones del país.

Además, el 13,9% de Galicia representa la cifra más baja en términos relativos desde 2011, cuando la deuda era del 12,7%, lo que sugiere una tendencia positiva en la estabilidad económica de la región.

Por otro lado, las comunidades con mayores niveles de deuda son alarmantes, liderando la lista la Comunidad Valenciana con un 40,7%, seguida de Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña, lo que pone de manifiesto la necesidad de una revisión profunda en la administración fiscal en estas regiones.

A nivel nacional, la deuda total de las comunidades autónomas cerró 2025 en 341.642 millones de euros, representando un 20,2% del PIB y un aumento interanual del 1,7%, lo que subraya la presión financiera que enfrentan muchas de ellas.

En el panorama global, la deuda pública de España concluyó 2025 en 1,698 billones de euros, un incremento del 4,8% respecto al año anterior. Sin embargo, la relación con el PIB ha disminuido al 100,7%, lo que sugiere un alivio parcial en la carga económica nacional, aunque se sigue lejos de los niveles deseables. Este dato es el más bajo registrado desde 2020.

A pesar del aumento absoluto en la deuda, que creció en 77.652 millones respecto al año anterior, la cifra de diciembre no logró superar el récord histórico de septiembre, cuando por primera vez se sobrepasaron los 1,700 billones de euros en deuda pública.

El Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) refleja que, en diciembre de 2025, la ratio de la deuda en relación con el PIB nominal se situó en el 100,7%, mostrando una ligera mejoría respecto al año previo. Las expectativas iniciales del Gobierno prevían un porcentaje algo superior, pero las revisiones apuntan a una cifra más cercana al 101% hacia finales de año.

De cara a los próximos años, el Gobierno pronostica un descenso continuo de la deuda, estimando que podría situarse en el 100,9% del PIB para 2026 y con expectativas de alcanzar el 99,1% en 2028. Sin embargo, las proyecciones oficiales no aclaran cuándo España podrá reducir su deuda por debajo del umbral del 60% que marca Bruselas, lo que ha generado incertidumbre sobre las estrategias a adoptar.

En términos de sectores, la deuda de la Administración Central se eleva a 1,563 billones de euros, lo que equivale al 92,6% del PIB, reflejando un crecimiento del 4,9% anual. Por su parte, la deuda de las Administraciones de Seguridad Social ascendió a 136.179 millones, lo que representa un incremento del 7,9% respecto al año anterior, impulsado por los préstamos del Estado para cubrir desequilibrios presupuestarios. Es fundamental que estos préstamos sean considerados dentro de un marco financiero que no agrave la deuda total del sector público.