Las víctimas del trágico accidente del tren Alvia en Angrois han decidido alzar la voz una vez más, advirtiendo sobre un informe que consideran "demoledor" y que, además, "deja en ridículo" a la Fiscalía, que ha recurrido la condena impuesta al exjefe de seguridad de Adif. Este asunto, que ya ha sido foco de atención mediática y pública, vuelve a cobrar relevancia con la reciente divulgación de los hallazgos de una auditoría realizada por Europa en 2018.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 de noviembre. La auditoría, que nació a raíz de las denuncias presentadas por las víctimas del fatídico siniestro ferroviario ocurrido en julio de 2013, arroja luz sobre las serias carencias en la implementación de las normativas de seguridad ferroviaria en España. Este esfuerzo fue respaldado por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, quien facilitó que las víctimas llevasen sus reclamos hasta Bruselas.

El informe final, que la plataforma de víctimas ha conseguido obtener tras años de insistencia, fue elaborado en 2019 y ha sido enviado a los medios de comunicación recientemente. En él, la Comisión Europea señala preocupaciones concretas respecto a cómo se gestionan los sistemas de seguridad ferroviaria en el país. En particular, la Comisión advierte que estos sistemas no se están utilizando como herramientas principales para el control de riesgos y la mejora continua de la seguridad, tal como establece la Directiva 49/2004.

Además, la auditoría destaca que no existe una conexión clara entre la evaluación de riesgos y la vigilancia correspondiente. Sin un adecuado proceso de vigilancia, se convierte en imposible determinar si el control de riesgos está siendo efectivo. Este diagnóstico, contundente, lleva a la Comisión a considerar que las deficiencias halladas son una clara violación por parte de España de sus obligaciones relacionadas con la normativa de seguridad.

Desde la plataforma de víctimas, se sostiene que la auditoría representa un fuerte golpe a la credibilidad de la Fiscalía. “Es una evaluación demoledora que pone en evidencia el papel que ha desempeñado el fiscal Antonio Roma, quien ha recurrido la condena al exjefe de seguridad de Adif”, anaizan los representantes de los afectados.

“Si ya en 2018 se constataba que la normativa no se cumplía, es lógico preguntarse qué estaba realmente ocurriendo en 2011, durante la inauguración de la línea, o en 2012, cuando se desconectó el sistema de seguridad”, recalcan con indignación.

Critican, además, que “el fiscal Antonio Roma, en su intento de justificar a Adif, no solo se ridiculiza, sino que también incumple su deber constitucional de proteger a la sociedad asegurando el cumplimiento de las leyes”. Este juicio sincero y duro se plasma en una nota de prensa emitida por la plataforma.

Añaden que, lamentablemente, no les sorprende la actitud del fiscal, recordando un encuentro que tuvieron con él en junio de 2014. En aquella ocasión, cuando solicitaron que se indagara sobre el cumplimiento de las directrices de seguridad, Roma únicamente se interesó por aumentar las indemnizaciones, sugiriendo que su enfoque estaba más en el dinero que en la justicia.

“El fiscal Antonio Roma se negó a investigar, y en su lugar, intentó comprar nuestro silencio”, denuncian, calificándolo de “títere al servicio del estado”, al que acusan de encubrir negligencias y evadir responsabilidades políticas. Este nuevo giro en los eventos suscita una revisión crítica del papel de las instituciones y destaca la necesidad de un sistema judicial que verdaderamente defienda los derechos y la seguridad de los ciudadanos.

Cabe recordar que, tras un extenso juicio que se desarrolló a raíz del siniestro en Angrois, que dejó un saldo de 80 vidas perdidas y más de un centenar de heridos, la jueza dictó una sentencia que condena al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, y al maquinista, Francisco Garzón, por 79 homicidios imprudentes, omitiendo de este recuento una muerte que ocurrió posteriormente al accidente.