La Audiencia Nacional ha comunicado a las partes involucradas en el caso del naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', que ocurrió en aguas de Terranova (Canadá) en febrero de 2022, la necesidad de extender la instrucción a la espera del informe de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim).

El juez Ismael Moreno ha propuesto una extensión de seis meses más en la instrucción, luego de haber solicitado previamente otros seis meses el verano pasado (con vencimiento en marzo). De esta forma, la investigación se extendería hasta principios de septiembre de este año, en caso de que las partes acepten la propuesta.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que el plazo para responder finaliza esta semana. Sin embargo, algunos abogados e incluso el fiscal del caso ya han solicitado la prórroga debido a la falta del informe de la Ciaim.

A solo días de que se cumplan tres años desde el hundimiento del buque el próximo sábado 15 de febrero, la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido aquella fatídica madrugada en el Atlántico Norte.

Los únicos sobrevivientes, el capitán del buque Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial y el marinero ghanés Samuel Kwesi, relataron que el naufragio ocurrió rápidamente y en 20 minutos la embarcación se hundió por completo. Menos de diez tripulantes quedaron a la deriva en un bote durante cinco horas, hasta que fueron rescatados por otro pesquero gallego, el 'Playa Menduiña 2'.

Padín y Rial declararon que el motor del 'Villa de Pitanxo' se detuvo de repente, quedando a merced de la tormenta y siendo arrastrado al mar, sin posibilidad de salvar a los 24 tripulantes. Kwesi, en cambio, mencionó que el buque había embarrado las redes al fondo del mar, lo que llevó al capitán a intentar maniobrar para solucionar el problema, resultando en el hundimiento.

El juez Ismael Moreno vio indicios de 21 delitos de homicidio por imprudencia, imputando a Padín por los mismos. Tras declarar ante el magistrado hace más de dos años, se le impuso la retirada del pasaporte y una medida cautelar de comparecencia quincenal en sede judicial.